Ex funcionario reconoció que cobró coimas para favorecer a una empresa

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, homologó este lunes el acuerdo de juicio abreviado que le presentaron las partes el martes 29 de julio. Fue en el contexto del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, al empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, y ex funcionarios, por el cobro de coimas para favorecer a la firma Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herreros. El legajo fue remitido a juicio respecto de los seis imputados que siguen vinculados a la investigación.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, acusaron al ex ministro de Trabajo de la segunda gestión de Urribarri, Guillermo Smaldone, que ejerció su propia defensa técnica en su rol de abogado, por los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; Fraude a la Administración Pública; y  Cohecho pasivo. Fue por “las maniobras de favorecimiento a la empresa de Diego Armando Cardona Herreros, iniciadas por Sergio Daniel Urribarri, aproximadamente desde 2007, a sabiendas de las mismas Guillermo Smaldone tomó intervención como ministro de Trabajo en la celebración de la Licitación Pública Nº 84/13” y posterior adjudicación a Relevamientos Catastrales, de un sistema de software para la Administración Pública.

Insoslayable contundencia probatoria

Tras analizar la prueba incorporada por las partes al legajo y al acuerdo, Malvasio manifestó: “… he arribado a la conclusión de que del análisis de lo manifestado por las partes y del plexo probatorio acompañado surge, con grado de certeza tal como lo manifesté supra, la existencia del hecho endilgado, y la conexión subjetiva con el mismo por parte del incurso”. Añadió que “resulta insoslayable la contundencia probatoria incorporada y valorada conforme al sistema de la libre convicción y bajo las reglas de la sana crítica racional, lo que me lleva a compartir en un todo el prolijo examen efectuado por las partes en el escrito de solicitud de aplicación del Instituto de Juicio Abreviado y a lo expresado por los fiscales en la audiencia (remitiéndome a la solicitud y a la videograbación de la audiencia correspondiente, en mérito a la brevedad), concluyendo que la prueba cargosa colectada en el hecho que se le sigue al inculpado tienen entidad suficiente para acoger el planteo partivo”.

Finalmente, el juez expresó: “A modo de Colofón, estoy en condiciones de afirmar que, el 54 imputado Guillermo Smaldone, en su rol de Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos en el lapso temporal que surge del hecho intimado -desde mayo 2012 y hasta al menos 36 meses posteriores a la adjudicación del pliego bajo examen- se interesó en favorecer económicamente a la Empresa ‘Relevamientos Catastrales’ y de esa forma obtener un lucro indebido para sí y otros funcionarios públicos, como también -claro está- para la firma mencionada”.

El hecho que el ex ministro reconoció

Los fiscales sostuvieron, y así lo reconoció el ex ministro, que “al menos desde mayo de 2012, inició tratativas con Cardona Herreros, presidente y accionista de la firma Relevamientos Catastrales, con el claro propósito de favorecer económicamente a la firma y obtener un lucro indebido para sí y para la empresa, maniobra que se concretó a partir del momento en que el empresario le indicó a Smaldone, las prestaciones que se le iban a proponer y las condiciones de los futuros pliegos de especificaciones técnicas”.

La acusación sostuvo que las “tratativas previas se concretaron con el inicio del Expediente Administrativo N° 1.346.886, el 3 de julio de 2012, a instancia de un pedido formulado por Smaldone, fechado el 26 de junio de 2012, dirigido al Director de Informática de la Provincia, Carlos Marcelo Haidar, para contratar un servicio de relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de Software de gestión Integral del Ministerio de Trabajo”.

En aquel contexto, se acusó que “frente a tal petición el Director de Informática de la Provincia, Haidar, envió a Smaldone aquel modelo de pliego de condiciones específicas y técnicas que había elaborado el propio Cardona Herreros a medida de lo que iba a ser su propuesta. El 23  de julio de 2013, a través del Decreto 2320/2012 MT, firmado por Urribarri como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y de Smaldone, como Ministro de Trabajo se aprobó el llamado a licitación, el que fue luego anulado por Decreto N° 3945/13 MT del 1 de noviembre de 2013, firmado por Urribarri y Smaldone, el que también dispone la realización de un nuevo llamado”.

Los fiscales imputaron que “en esta segunda oportunidad nuevamente como única oferente, Relevamientos Catastrales S.A. realizó una oferta económica que ascendía a 550.000 pesos mensuales, por los 36 meses de contratación, resultando el monto total de 19.800.000 pesos, importe que fue considerado por Haidar, en dictamen del 16 de diciembre de 2013, como ‘favorable a los intereses del Estado’ (pese a que su estimación económica inicial había ascendido a 340.000 pesos mensuales”.

Los fiscales sostuvieron que “en el mismo sentido se pronunció el propio Ministro de Trabajo en un dictamen emitido un día después. El día 20 de enero de 2014, el trámite concluyó con la adjudicación por Decreto Nº 3 32/2014 MT suscripto por Urribarri y Smaldone, lográndose de esta manera, perfeccionar la maniobra tendiente a favorecer a Cardona Herreros, con pleno conocimiento de que a cambio de este favorecimiento y durante la ejecución del contrato se había acordado previamente con el mencionado un sobreprecio de aproximadamente 155.000 pesos mensuales monto que fue distribuido entre los funcionarios públicos intervinientes como contraprestación ilícita por la realización de tareas atinentes a su cargo, así como una ganancia extraordinaria para el empresario Cardona Herreros. Por la intervención descrita, durante el desarrollo del procedimiento Licitatorio Nº 54/13 (anulado) y 84/13 Smaldone percibió la suma de 50.000 pesos mensuales".

Los que irían a juicio plenario

Los hechos, respecto de los seis imputados que siguen vinculados al proceso, serán juzgados en un juicio oral y público a partir de la decisión del juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que el jueves 5 de junio dispuso remitir el legajo a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para que se fije fecha de debate.

Los imputados que llegaría al debate –si no se presentan otros acuerdos de juicio abreviado-, son el ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos, Luis Alfonso Erbes, que es asistido por Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa; Cardona Herreros, que lo es por José Velázquez e Ignacio Díaz; el ex secretario de Hacienda de la provincia, Humberto Flores, representado por Leopoldo Lambruschini y Julio Federik; el ex director de Ajuste y Liquidaciones del Ministerio de Economía que aún está en funciones, Miguel Ángel Ulrich, que es defendido por los defensores oficiales, Gaspar Reca y Sebastián Ludi; el exdirector de Informática, Carlos Haidar, asistido por Juan Méndez; y Urribarri, que es defendido por Miguel Cullen.

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