La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, en cumplimiento de una orden judicial. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
La medida se adopta luego de que el jueves pasado el Juzgado Federal de Catamarca N° 2, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo Ley 16.986 c/ cautelar”, resolviera hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados de esa provincia.
El fallo ordenó a la ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas, pagar los haberes retenidos y abstenerse de continuar las auditorías o disponer nuevas suspensiones mientras no haya una sentencia definitiva.
En consecuencia, la resolución firmada por Vilches dispone en su Artículo 1° dejar sin efecto las suspensiones, reanudar los pagos correspondientes y cumplir con lo establecido por la Justicia. Asimismo, el Artículo 3° instruye a la Dirección de
Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no iniciar ni continuar auditorías de pensiones mientras se mantenga vigente la medida judicial.
El texto también encomienda la notificación a las personas beneficiarias, dispone que el gasto se atenderá con las partidas presupuestarias disponibles y ordena comunicar la decisión a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la reactivación del pago de las prestaciones.
La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención del organismo por 180 días y designó a Vilches como interventor.
Las causas que se acumularon en el juzgado catamarqueño fueron impulsadas entre otros, por la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y por personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
