Caso Guillermo Ramírez: Se aguardan informes claves de cara al pedido de remisión a Juicio

Comienzan a desandarse las acciones concluyentes de una Investigación Penal Preparatoria que comenzó hace 8 meses, y que puso la lupa sobre el accionar de 4 funcionarios policiales, que prestaban servicios en Comisaría Libertador San Martín. Hoy ya es un expediente nutrido y en instancia clave. Respetuosa de los tiempos procesales, la familia de Guillermo Ramírez sólo pide "justicia"; ese valor, principio moral y legal -necesario para la vida en comunidad-, pero que además, les permita alcanzar el último adiós -aún pendiente-, y afrontar el prolongado duelo que les toca vivir.

Nélson Schlotahuer, abogado querellante, explicó a Estación Plus Crespo la etapa que atraviesa la investigación por la muerte del hombre de 38 años: "El único punto de prueba en trámite, implica la confección de tres informes complementarios de autopsia, algunos ya han sido anexados. De alguna manera se vió demorada esta diligencia, no por responsabilidad de alguna de las partes, sino porque se carecía de elementos puntuales, pero se logró avanzar en ello. Al momento de contar con el informe final de autopsia, desde la querella y también desde la perspectiva de la Fiscalía, creemos que ya tendremos fortalecida la hipótesis, como para realizar el Pedido de remisión a Juicio de la causa". En esa línea de pensamiento, recordó que "en un primer momento, el informe emitido de la autopsia, hablaba de traumatismos que habían ocasionado la muerte por asfixia mecánica de Guillermo, entre otras lesiones; lo cual nos llevó a aguardar el avance de pericias que se han estado dando en este sentido".

En relación a las pericias forenses practicadas sobre el fallecido, detalló que "la autopsia se llevó adelante en Entre Ríos, y los estudios complementarios en forma parcial a nivel provincial, ya que uno se efectuó en Santa Fe. Es el que insumió algunas dificultades, pero no se podía realizar en Entre Ríos, y se consiguió también, de manera que estamos  en forma inminente ante la elaboración del informe final de autopsia".

Las pericias forenses aportan determinaciones científicas a un paquete integral de elementos que han sido puestos a disposición de la justicia. Sobre ello, el profesional manifestó: "Además de la prueba testimonial -casi 60 declaraciones-, existen en el expediente los informes que tienen que ver con los registros fílmicos, producto de los sistemas de cámaras de videovigilancia -tanto de la ciudad de Diamante, como de Libertador San Martín, y de la Comisaría de esta última localidad-. Hicimos algunas observaciones respecto de ello, por cuestiones que interpretamos como divergencias. También existen informes de las llamadas y de los contenidos de los teléfonos celulares de las personas acusadas; e información relativa a la formación que tuvieron estos policías sobre cómo proceder en situaciones como fue la de Guillermo Ramírez. En fin, en el expediente hay una gran cantidad de elementos probatorios, que se sumarán a este informe final de autopsia, como para que nos encaminemos en que se lleve a juicio esta causa".

Clarificando las etapas de procedimiento, el letrado indicó que "el Pedido de remisión a Juicio, sería que la causa pase a ser juzgada, en un debate oral y público, sustentada por el material probatorio colectado a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria".

"Sigue estando en la morgue de Victoria", confirmó Schlotahuer, al dar cuenta que la habitual ceremonia cultural ante la pérdida de un ser querido, aún no ha sido posible para la familia y allegados de Guillermo Ramírez. En ese contexto, agregó: "Como representante de la familia, debo decir que hemos sido pacientes, aguardando con mucho respeto los resultados forenses, pero también entendemos que ya es hora de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio. Nuestra prudencia sostenida en estos meses, obedece fundamentalmente a colaborar con el proceso judicial, y para que no se repitan situaciones que hemos visto en otros legajos penales de investigación, donde quizás a un año de fallecido, se procede a la exhumación. Desde el primer día, nunca quisimos que pase esa circunstancia con Guillermo, porque es emocionalmente muy fuerte y doloroso para su familia. Hemos respetado el pedido que ha hecho la Defensa, de los informes con puntos específicos, ahora ya están, consideramos que es momento de que su cuerpo tenga una última despedida".

En el período horario de ventana que se investiga, las personas acusadas estaban en pleno desarrollo de su labor policial, una función pública que realza en términos de responsabilidad, la dimensión de cualquier decisión.      

En alusión a sus estados, el abogado comentó: "están sometidas al proceso, encontrándose en libertad. En un primero momento se les estableció preventiva en sus domicilios, posteriormente recuperaron la libertad y a partir de entonces, tienen fijadas restricciones. Por poco tiempo no podían ingresar a Libertador San Martín, para evitar el contacto con la familia de Ramírez, ya quedó sin efecto. Y ahora las reglas de conducta que les rigen, son básicamente no tomar contacto con testigos de la causa, no contactar ni molestar a la familia que represento, y otros cumplimientos que normalmente se imponen en estos casos". 

Respecto a qué medidas o qué acciones ha tomado la Policía de Entre Ríos, explicó: "En la faz administrativa, sabemos que en principio habrían iniciado un sumario -lo manifiesto en potencial, porque nunca fuimos notificados fehacientemente-. A 8 meses de lo sucedido, tampoco tenemos conocimiento de que se les haya aplicado alguna sanción disciplinaria a estos funcionarios, que forman parte de una IPP por un delito gravísimo".

La Justicia dará su fallo; pero independientemente, existe un abanico de cuestiones a articular y promover, políticas públicas a desarrollar, ante este tipo de casos. Es allí donde pasa a estar fuertemente ligado, como ámbito, espacio intitucional y desde un rol social, el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos. 

El caso de Ariel Goyeneche y el de Guillermo Ramírez, están entre los más emblemáticos de los últimos tiempos, donde el ojo judicial revisa el accionar de integrantes de una fuerza de seguridad. Nélson Schlotahuer sumó su aporte en ese ámbito, sobre lo cual refirió: "El 6 de agosto, el Comité de Prevención de Torturas de Entre Ríos mantuvo una reunión a la que fuimos. Expusimos puntos fundamentales por los que atraviesa generalmente una víctima de violencia institucional a esa escala, es decir, una víctima del accionar ilegal del Estado". Desde esa conceptualización, pormenorizó:

• "El primer ítems es la falta de ayuda y asistencia a la víctima. Por dar un ejemplo, la esposa de Guillermo Ramírez, es una persona de condición humilde, que tiene un trabajo con ingresos muy bajos y que no puede afrontar buena parte de lo que conlleva una situación así. Para lo que será despedirlo, ha pedido un subsidio a la Municipalidad, con toda una engorrosa y difícil gestión. Eso debería ser modificado". 
• "Otro problema es que la Fiscalía interviene, no como patrocinante de la víctima, sino como representante del Estado. Entonces, a la víctima en sí, no se le proporcionan medios o una ayuda para poder sostener una representación legal como corresponde, en la que se posicione desde su lugar y no desde el Estado al mismo tiempo. Por ahí existen casos concretos, en donde por distintos motivos abogados colaboran o participan desde un rol de querella, pero no hay una política institucional en ese sentido".
• "Otra de las cuestiones que planteamos y me parece importante, es que no hay información de lo que sucede con el personal de la Policía de Entre Ríos administrativamente. No sabemos si las actuaciones se llevan adelante, si hay algún tipo de avance, si se tomó alguna determinación, no existe comunicación del Estado sobre estos temas, más que la expresión de inicio. La víctima no sabe qué es lo que pasa con estos funcionarios públicos, empleados del Estado, o sea, empleados de todos nosotros como sociedad. De trabajadores de otras esferas públicas suele anoticiarse, pero de la Policía no".
• "Cuando suceden situaciones en las que se ve involucrada algún funcionario de la Policía de Entre Ríos, hay prácticas de laboratorio y pericias o informes técnicos que dependen de la fuerza de seguridad provincial y por ende, no pueden intervenir; porque justamente los acusados son policías. Para estas circunstancias, debería establecerse algún convenio o mecanismo, que posibilite prontamente la intervención de un laboratorio de otra intitución o provincia. Crear algo a estos fines, que se convierta ya en un procedimiento pautado a nivel estatal, sin dilaciones".

El profesional lamentó que "de estos planteos no hubo ninguna respuesta, aún habiendo sido correctamente canalizados, a través de la Dirección de Derechos Humanos de Entre Ríos y el Instituto de Seguridad de la provincia. No hemos tenido ni un acercamiento, ni un contacto, ni ningún apoyo",manifestó con preocupación.

Con puntos periciales específicos, este jueves profundizan la autopsia a Guillermo Ramírez