Los jueces desestimaron las presentaciones de los familiares. La investigación se originó a partir del hallazgo de documentación que contenía informes de familiares de los 44 tripulantes del submarino.
Nacionales29 de octubre de 2025
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a la causa por presunto espionaje ilegal contra el expresidente Mauricio Macri, exautoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ocho agentes del organismo, vinculada a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las querellas, con lo cual quedaron firmes los sobreseimientos dispuestos por la Cámara Federal y confirmados por Casación.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las presentaciones de los familiares, representados por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, que cuestionaban la interpretación judicial de las tareas de inteligencia y denunciaban falta de imparcialidad. La decisión, tomada sin analizar el fondo de la cuestión, deja cerrada la vía judicial contra Macri, el exdirector de la AFIGustavo Arribas, su entonces segunda Sylvia Majdalani y los ocho exagentes involucrados.
La investigación se originó a partir del hallazgo de documentación en la base de la AFI en Mar del Plata que contenía informes y registros sobre las actividades de familiares de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido en noviembre de 2017. El juez federal de DoloresMartín Bava había procesado a los exfuncionarios por presunto espionaje ilegal, al entender que las tareas de inteligencia buscaban “influir en la situación política e institucional del país”.
Sin embargo, en 2022 la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos y dictó los sobreseimientos al considerar que las acciones de la AFI se realizaron “en el marco de las facultades legales de seguridad presidencial”. Esa postura fue luego ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky sostuvieron que “ninguna de las actividades implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia” y que “no se configuró delito alguno de espionaje”.
El fallo destacó que los reclamos de los familiares del ARA San Juan “eran públicos y difundidos por medios de comunicación y redes sociales”, descartando la existencia de infiltraciones o seguimientos encubiertos. Además, los magistrados advirtieron que fallas en los protocolos de seguridad presidencial podrían haber representado “graves riesgos institucionales”.
Con la decisión de la Corte Suprema, la causa por espionaje queda definitivamente cerrada, tras más de seis años de investigaciones y disputas judiciales. Paralelamente, sigue en marcha en la provincia de Santa Cruz otra causa vinculada al hundimiento del submarino, que investiga el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de exoficiales de la Armada.
El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, a unos 900 metros de profundidad, tras una falla en sus baterías. Sus 44 tripulantes murieron, y desde entonces sus familiares han encabezado reclamos de justicia que marcaron una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de la Armada argentina.
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