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La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y está enmarcada luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó -fue el jueves 3 de septiembre- los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”, consignó Análisis Digital.
Ahora, los tres retornarán a la misma celda en que estaban y luego la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias. Las celdas de la Alcaidía son individuales y tienen una dimensión de 2 x 3 metros, con una cucheta de madera. En tanto, la celda especial en la UP1 tiene una habitación de escasas dimensiones, donde se ubicará una cama cucheta para dos personas y una cama individual. Además de un baño hay una sala de visitas con una mesa y tres sillas, al igual que un patiecito interno de 3 x 3 metros. El lugar está distante del resto de los pabellones. La vez que estuvieron detenidos los 3, Urribarri ocupó la cama individual y Baez y Aguilera se ubicaron en la cama cucheta.
En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en la cárcel de Paraná. Baez solamente tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos, pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos. La única con esas características -además de la de Paraná-, puede ser la Unidad Penal de Gualeguaychú, que sería la única cárcel más abierta y amplia y con posibilidades de instalar un sector vip dentro de la unidad. En algún momento se llegó a pensar, en ámbitos del Ministerio de Seguridad de la provincia, la posibilidad de instalar lo más parecido a un contenedor, especialmente acondicionado para los condenados por delitos de corrupción, pero ello nunca se terminó de concretar.
Los abogados defensores de Urribarri -Leopoldo Cappa- y Báez -Ignacio Díaz y José Velázquez- habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (que preside la vocal María Carolina Castagno) que sus defendidos no sean enviados a la Unidad Penal y en cambio se les aplique prisión domiciliaria. Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se disponga “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.
La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico, donde constatan que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, piden la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.
En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante”, y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”. Señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.
De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa se disponga de un “régimen de semidetención” para Báez. “Esta modalidad -plantearon- permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”.
Urribarri al momento de su detención estaba domiciliado en la ciudad de Concordia; Juan Pablo Aguilera, en General Campos (Departamento San Salvador); y Pedro Ángel Báez domiciliado en Paraná. Los tres fueron trasladados primero a la Alcaidía donde pasarán la noche y mañana ingresarán a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno.
La celda destinada a Urribarri, Báez y Aguilera en la Unidad Penal N° 1 de Paraná se caracteriza por ser un espacio de 3 por 4 metros que originalmente funcionaba como un depósito y antiguamente se destinaba para los funcionarios del sistema penitenciario que eran de otras localidades de la provincia.
Las autoridades penitenciarias de Entre Ríos reacondicionaron ese espacio cuando los tres ingresaron por primera vez -en noviembre de 2024- con el objetivo de brindar condiciones básicas de habitabilidad y, al mismo tiempo, mantenerlos alejados del resto de la población carcelaria por cuestiones de seguridad.
