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El cierre de una fábrica, más de 100 despidos, indemnizaciones impagas y una pérdida de casi $22.000 millones en apenas un año terminaron llevando a una histórica empresa industrial argentina al concurso de acreedores. Se trata de Unionbat, fabricante de las baterías Willard y proveedora de terminales automotrices, que atraviesa una fuerte crisis financiera y quedó con una sola planta en funcionamiento.
La compañía llegó a la Justicia después de varios meses en los que intentó achicar su estructura y conseguir financiamiento para sostener la actividad. Sin embargo, la caída de las ventas, los mayores costos y el peso de la deuda terminaron por dejarla sin margen para hacer frente a todos sus compromisos. A eso se sumó, según explicó la propia empresa, una mayor competencia de productos importados, principalmente de Brasil, que presionó sobre los precios del mercado de reposición.
Los números muestran hasta dónde llegó el deterioro. Al momento de preparar la documentación para el concurso, Unionbat declaró deudas por $40.962 millones, u$s3,92 millones y €21.427. Además, el último balance, cerrado el 28 de febrero, arrojó una pérdida neta de $21.929 millones y mostró que su patrimonio se había reducido cerca de 90% en apenas un ejercicio. doc1775637323
El problema había empezado a tener consecuencias concretas algunos meses antes. En junio, Unionbat cerró su planta de Gualeguaychú, Entre Ríos, y despidió a 101 trabajadores. Desde entonces, concentró toda la producción en General San Martín, provincia de Buenos Aires, donde la nómina presentada ante la Justicia contabilizaba 212 empleados.
Los despidos dejaron, además, otra cuenta pendiente. La empresa calculó en alrededor de $5.000 millones las liquidaciones correspondientes a las desvinculaciones y reconoció que no tenía fondos suficientes para pagarlas en su totalidad ni había conseguido crédito bancario para hacerlo. Esa deuda laboral terminó siendo uno de los factores que aceleraron la presentación judicial. doc1775637335
El concurso fue abierto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°20, a cargo del juez Eduardo E. Malde, Secretaría N°40. La sindicatura quedó en manos del Estudio Botana Blaskoviz.
La decisión de cerrar Gualeguaychú no apareció de un día para otro. El directorio ya venía analizando desde mayo una reducción de la estructura de la empresa, que hasta entonces tenía dos plantas: una de 9.400 metros cuadrados en General San Martín y otra de 20.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Gualeguaychú.
La fábrica entrerriana dejó de producir el 26 de junio y quedó únicamente con personal destinado a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento. Según explicó Unionbat en el expediente, el nivel de actividad ya no alcanzaba para sostener los costos de esa planta, por lo que resolvió concentrar la producción en Buenos Aires.
La medida abrió, además, un conflicto laboral. Los 101 despidos derivaron en una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, que suspendió temporalmente las desvinculaciones. Durante ese período, según señaló la compañía, debió continuar acumulando salarios. Finalmente, la instancia terminó sin acuerdo y los despidos quedaron firmes.
Para ese momento, sin embargo, Unionbat tampoco podía pagar completamente las indemnizaciones. La empresa reconoció ante la Justicia que no tenía la liquidez necesaria y que sus intentos por conseguir financiamiento bancario para afrontar esos compromisos no habían prosperado.
Así, los extrabajadores pasaron a integrar el grupo de acreedores laborales que deberá cobrar dentro del proceso concursal. En total, la documentación presentada por Unionbat registra $6.271 millones de deuda laboral.
El inmueble de Gualeguaychú, por ahora, sigue perteneciendo a la compañía. Unionbat dejó asentado que más adelante podrá evaluar qué hacer con ese activo, ya sea volver a ponerlo en funcionamiento, darle otro destino o venderlo.
El cierre de la planta fue apenas una de las consecuencias de un negocio que venía mostrando problemas desde antes. El balance correspondiente al ejercicio terminado el 28 de febrero de 2026 permite reconstruir parte de ese deterioro.
Las ventas bajaron alrededor de 24%, al pasar de $61.255 millones a $46.586 millones en valores comparables. Al mismo tiempo, los costos de los productos vendidos llegaron a $53.768 millones y terminaron siendo superiores a la propia facturación. El resultado fue una pérdida bruta de $7.182 millones, cuando un año antes la empresa había obtenido una ganancia bruta de $27.957 millones.
El golpe sobre el patrimonio fue todavía más marcado. En doce meses pasó de $24.287 millones a apenas $2.357 millones, una caída cercana al 90%. Para febrero, además, la empresa tenía un pasivo de $36.827 millones, de los cuales más de $30.000 millones vencían en el corto plazo.
En paralelo, empezó a faltar efectivo para sostener el día a día. Unionbat cerró febrero con apenas $440 millones entre caja y bancos y durante el ejercicio la operación consumió más de $9.280 millones. Para cubrir ese agujero recurrió cada vez más al financiamiento, hasta que esa alternativa también comenzó a agotarse.
La empresa también apuntó a lo que estaba ocurriendo en el mercado. En su presentación sostuvo que tuvo que competir con una mayor presencia de productos importados, en particular de Brasil, mientras enfrentaba costos industriales, laborales y financieros más altos.
Según su explicación, ese escenario le dejó menos espacio para trasladar los costos a los precios. Por eso, modificó su estrategia comercial: restringió el crédito, dejó de enfocarse en crecer y dio más lugar a las líneas económicas para sostener clientes y volumen. Vendía productos de menor precio para defender mercado, pero al mismo tiempo resignaba margen, algo que terminó empeorando las cuentas.
Para agosto, la situación ya había empeorado respecto de la que mostraba el balance de febrero. La documentación preparada para el concurso da cuenta de $40.962 millones de obligaciones en pesos, u$s3,92 millones y otros €21.427.
El mayor peso está en el sistema financiero. Unionbat declaró $25.578 millones y u$s1,8 millones de deuda financiera. Entre sus acreedores aparecen algunos de los principales bancos del país, como Galicia, Provincia, BBVA, Santander, Nación, Comafi e Hipotecario.
A su vez, los compromisos comerciales y con proveedores alcanzan $6.075 millones, u$s2,12 millones y €21.427. A esos montos se agregan los $6.271 millones de deuda laboral y otros $3.038 millones correspondientes al frente fiscal.
La compañía tiene una larga historia dentro de la industria argentina. La actual Unionbat nació en 1997 de la fusión de Ostilio Bocci S.A. y Baterías Wao S.A., aunque sus antecedentes se remontan a 1914. Con los años desarrolló el negocio de las baterías Willard y se convirtió también en proveedora de la industria automotriz.
Ahora deberá atravesar un proceso judicial que se extenderá, como mínimo, durante varios meses. Los acreedores tendrán tiempo hasta el 3 de febrero de 2027 para presentar sus pedidos de verificación, mientras que la audiencia informativa fue fijada para el 15 de febrero de 2028.
La empresa, mientras tanto, seguirá operando desde General San Martín con una estructura mucho más chica que la que tenía hasta mediados de 2026. Unionbat se suma así a la lista de compañías industriales que recurrieron al concurso preventivo en los últimos meses, atravesadas por la caída de las ventas, costos que siguen pesando sobre la producción, dificultades financieras y una mayor competencia de productos importados.
Ámbito
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