Emergencia discapacidad

La medida fue oficializada por decreto y fija el nuevo régimen de pensiones no contributivas. En paralelo, el Ejecutivo nombró a Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud.

Apelará el fallo que obliga a poner en marcha la norma. Miles de personas con discapacidad están en riesgo

El colectivo de profesionales y familias vinculadas a la atención de personas con discapacidad expresó profunda preocupación por la situación generada en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La oposición se impuso con 63 votos frente a solo siete del oficialismo, entre ellos, una senadora del PRO. El proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Fue con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado. A esta hora, se debate el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto a la ley 27.793, que protege derechos de personas con discapacidad. La decisión responde a un amparo de una familia con hijos con discapacidad.

El presidente anticipó que enviará dos proyectos para "amurallar" el déficit cero y la política monetaria. Lo hizo en ocasión de abordar los vetos a las leyes sancionadas por el Congreso: aumento de jubilaciones, emergencia en discapacidad, y prórroga de la moratoria previsional y los rechazos a decretos.

Insisten en la urgente necesidad de mantener el texto aprobado, que declara la Emergencia. "La comisión de Presupuesto dijo que significa un 0,003% del PBI. Entonces no es una afectación económica trascendente. Se vive como un verdadero abandono y con mucha angustia", afirmó una de las participantes de la marcha.

El Presidente justificó su reciente rechazo a las iniciativas aprobadas por el Congreso, que aumentan jubilaciones y declaran la emergencia en discapacidad. “Los que tanto reclaman en su momento vetaron”, disparó.

Será en la tarde de este martes 5 de agosto. Bajo el lema "Es ahora. Es urgente", la Red de Prestadores de Entre Ríos impulsó que la manifestación pública se replique en cada ciudad.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el rechazo a las tres normas sancionadas por el Congreso. Argumentó que el costo fiscal era de 17 billones de pesos.