La acusación apuntó a dos hechos. El primero fue el presunto desvío de créditos en dólares tomados por un fin y utilizados para otro en el que habrían incurrido todos los encartados. Sobre este punto la magistrada dictó el sobreseimiento. El segundo se centró en la transferencia de inmuebles que formaban parte del patrimonio de SA Entre Ríos a fin de vaciar su activo. Es sobre este punto que la jueza dictó el procesamiento.

La maniobra con las propiedades se habría producido entre el 2011 y el 2015 e involucraría a SA Entre Ríos como vendedora y a un grupo de empresas y mutuales que tenía entre sus socios a los mismos integrantes de la editora de El Diario.

Se trata de, al menos, 13 inmuebles ubicados en pleno centro de la ciudad de Paraná y en otras ciudades, como Victoria y Diamante.

“Emerge de la prueba colectada – con la probabilidad propia de esta instancia de instrucción- que quienes tenían a su cargo la administración del patrimonio de SAER y debían conservarlo y protegerlo incumplieron con su deber de obrar con lealtad y diligencia con respecto a los bienes confiados y abusando de sus facultades obligaron abusivamente a la empresa aumentando el pasivo, comprometiendo los últimos bienes inmuebles que quedaban, dejándola sin capital social y sujeta a disolución”, evaluó la jueza.