Piden diez años de prisión para un dueño de criadero de pollos por explotación laboral

El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Federico Massei pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba la pena de diez años de prisión para el dueño de un criadero de pollos, acusado por trata de personas con fines de explotación laboral, al haber captado engañosamente a seis víctimas en situación de vulnerabilidad, una de las cuales era menor de edad. 

La pena fue pedida sobre el empresario Gustavo Germán Largayoli, dueño del lugar,  y que pague la suma de 56 millones de pesos en concepto de reparación para las víctimas. La suma fue calculada por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de María del Carmen Chena.  

"Teniendo en cuenta la actividad realizada (criadero de pollo donde se realizan tareas de limpieza de los animales para su faena) se utilizó como referencia el Convenio Colectivo de Trabajo 607/10 para Actividades y servicios Avícolas, sus Anexos, Derivados y Subproductos y, en lo que respecta a la pauta salarial, el acuerdo salarial firmado el 31 de agosto de 2022, donde se acordaron los valores para los salarios básicos en cada una de las categorías, como también una gratificación extraordinaria no remunerativa y el premio asistencia, las cuales se integran al salario básico”, sostuvo en un comunicado el sitio fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal.

Largayoli es propietario del criadero de pollos "Pacífico", ubicado en la localidad de Sampacho, y también de dos campos en la misma zona donde se realiza cría y faenado de pollos. Según la acusación fiscal, el empresario captó con medios engañosos y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad de las víctimas, las cuales provenían de la provincia de Corrientes. 

Además, en su alegato sostuvo que se sometía a las víctimas a  un “endeudamiento inducido asfixiante” a través de la deducción de sus ingresos de los pasajes y de la comida, como también de los animales que morían en el criadero, lo que dejaba a las víctimas con saldo cero o negativo.

Según se constató, las jornadas laborales iban de lunes a domingos con jornadas que se extendían a doce horas, sin gozar del descanso establecido por ley, y permanecieron en el lugar de explotación entre seis meses y cuatro años de acuerdo a cada caso.