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A través de la resolución Nº 2.771, del 24 de septiembre de 2024, el Gobierno puso en marcha las «declaraciones juradas». La normativa aprobó la aplicación de un «relevamiento de la prestación de servicios docentes y no docentes» en los establecimientos educativos.
La iniciativa buscó instrumentar “un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente de los establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos, tanto en instituciones públicas como privadas, a los efectos de contar con una base de datos actualizada para una gestión efectiva de los recursos humanos existentes y para el diseño de políticas públicas que permitan garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas en todos los establecimientos educativos”.
Hasta ahora se ha aplicado en cada huelga de maestros y su fin último es relevar qué docente trabajo y cuál se suma a las medidas de fuerza para así aplicar el descuento por el día no trabajado.
“En el marco de lo establecido en la resolución Nº 2.771/24 CGE, se informa que los días 21, 22 y 23 de mayo de 2025 se llevará a cabo un relevamiento de prestación de servicios del personal docente. El mismo consistirá en la presentación del formulario individual y personal elaborado por la norma citada, el cual se completará a través del Sistema SAGE (Sistema de Administración de Gestión Educativa), tendrá carácter de declaración jurada y su cumplimiento será obligatorio en las fechas establecidas para el relevamiento conforme la citada normativa”, dice el texto de la circular Nº 10.
El texto no sólo informa de la realización de ese relevamiento sino que además recuerda que “conforme lo dispuesto por el decreto 4.940/08 y lo resuelto en múltiples oportunidades por la jurisprudencia local, los haberes serán abonados sólo respecto de los días que sean efectivamente trabajados, de acuerdo a la carga de asistencia y los datos que surjan del relevamiento”.
Desde los tiempos del exgobernador Jorge Busti (PJ) el Estado aplica descuentos por días no trabajados por huelgas.
La directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, dispuso que los servicios administrativos contables sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.
Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.
El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.
El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.
A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.
Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.
El viernes 2 de marzo de 2018, Educación dictó la circular N° 05, que envió a todas las escuelas, a través de la cual recordó “la plena vigencia de la Resolución N° 2565/08 y su modificatoria N° 056/18 mediante las cuales se aprueba el Manual de Instrucciones para informar novedades en los establecimientos educativos y el Instructivo de control y carga de asistencia”.
Entre Ríos Ahora
