Una jubilada de 81 años oriunda de San Salvador fue víctima de una estafa telefónica que terminó no solo con el vaciamiento de su cuenta bancaria, sino también con la toma de préstamos a su nombre, sin su conocimiento ni consentimiento. El hecho ocurrió en julio de 2024 y fue recientemente abordado por la Justicia Federal de Concordia, que ordenó a un banco estatal nacional que deje de descontarle las cuotas de los préstamos obtenidos mediante engaño.

La mujer fue contactada por delincuentes que simularon ser representantes de una promoción para jubilados en telefonía. A través de una publicación en Facebook, lograron llevar a cabo un sofisticado caso de phishing, modalidad delictiva digital en constante crecimiento en todo el país. Mediante este ardid, los estafadores accedieron a su clave de HomeBanking.

Una vez obtenidos los datos, los ciberdelincuentes transfirieron de forma remota el dinero de su caja de ahorro a "cuentas mulas", nombre con el que se conoce en la jerga delictiva a las cuentas utilizadas para recibir fondos robados. Además, tomaron dos créditos preaprobados a nombre de la víctima, cuyos montos también fueron transferidos fuera del alcance de la mujer.

La Justicia reconoció la situación de vulnerabilidad de la damnificada

El caso fue judicializado y recientemente se conoció una sentencia clave. En su resolución, la jueza federal Analía Ramponi valoró especialmente las condiciones de hipervulnerabilidad de la jubilada, quien además cursa una patología y vive con una jubilación mínima, destinando sus escasos recursos al tratamiento. La jueza también tuvo en cuenta los reclamos realizados al banco, la denuncia penal ante la Fiscalía local, el fracaso de la mediación y la avanzada edad de la víctima.

En el escrito judicial que ordena la medida cautelar, Ramponi ponderó la “evidente situación de vulnerabilidad de la actora, considerando que se trata de una adulta mayor cuyo único medio de subsistencia proviene de su propia jubilación mínima, cuyo monto se encuentra considerablemente reducido".

La magistrada señaló también que, “prima facie se encuentra probada la existencia de una deuda crediticia con la entidad demandada por un total de un millón de pesos ($1.000.000.-) y que la cuota crediticia le insumiría un porcentual de sus haberes previsionales -según denuncia- del veinticinco por ciento (25%), cuando ello no se habría encontrado previsto por la accionante”.

La Justicia suspende los descuentos hasta que se resuelva la demanda por daños

La resolución judicial dispone una medida cautelar innovativa y ordena al banco suspender los descuentos mensuales correspondientes a los créditos fraudulentos, al menos hasta tanto se resuelva el juicio por daños y perjuicios que la jubilada inició contra la entidad financiera.

El abogado de la víctima, Juan Carlos Arralde, destacó la importancia del fallo tanto para el caso particular como para otros similares que involucran a adultos mayores estafados. "Si bien se trata de una medida cautelar que aún no está firme, la decisión impacta por su razonabilidad, su proyección hacia otros casos similares y la empatía que exhibe para con una persona en situación de vulnerabilidad como lo es el de esta señora", expresó el letrado.

Arralde también remarcó que “los bancos tienen que entender y cumplir con el deber de seguridad que les impone la ley, cuidando a sus clientes de los verdugos digitales que pululan en las redes”. Y agregó: “Con más razón con clientes hipervulnerables como lo son las personas adultas mayores a las que los bancos tienen como clientes cautivos y a quienes no protegen lo suficiente después de haberlos obligado a cambiar sus prácticas a través del uso del teléfono, computadoras, HomeBanking y otras herramientas digitales desconocidas para la mayoría de ellos y sin capacitación”. 

Mercurio Noticias