El Gobierno pasó a disponibilidad a 343 trabajadores del INTA y otros dos organismos

Luego de que ayer el Senado frenara el decreto del Gobierno que reestructura el INTA y otros organismos estatales como el Inase y que la Justicia hiciera lugar a un pedido de amparo de los gremios, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó este viernes la puesta en “situación de disponibilidad” a un grupo de 286 trabajadores de la planta permanente que tenían estabilidad adquirida, en el marco de la profunda modernización de estos entes dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 1240/2025, afecta directamente a trabajadores del exInstituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el INTA. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que se trata de 343 empleados distribuidos así: 286 del INTA, 49 del INV y 8 el exInase.

La decisión se fundamenta en transformaciones y disoluciones previas de estos entes, impulsadas por el decreto 462 del 7 de julio pasado, que declaró la emergencia pública en diversas materias y delegó facultades al Poder Ejecutivo para mejorar el funcionamiento del Estado y reducir su estructura. El personal afectado está detallado en los Anexos I, II y III de la resolución, aunque el número exacto de empleados no se especifica en el texto público de la resolución.

Según se detalla, la “situación de disponibilidad” es un régimen contemplado en la ley 25.164 y el decreto 1421 del 8 de agosto de 2002 y sus modificatorias, y fue reglamentado por la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Este régimen establece que el personal afectado por reestructuraciones o supresión de funciones puede quedar en disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses.

Los motivos detrás de estas transformaciones y disoluciones son variados y buscan la eficiencia y la racionalización del gasto público, según lo expuesto en el decreto 462/2025. Según dijeron en muchas oportunidades desde el Gobierno, la estructura de la Administración Pública Nacional tiene un sobredimensionamiento y estructura excesivamente onerosa, indicó La Nación.

En los considerandos de la normativa se recuerda que en el decreto 462 del 7 de julio pasado se dispuso la disolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase), la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y la modificación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado bajo la cartera agrícola.

Además se indica que, por el decreto 585 del 14 de agosto, se incorporaron como unidades organizativas de primer nivel operativo al Instituto Nacional de Vitivinicultura y a la Dirección Nacional de Semillas, ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprobándose asimismo las estructuras organizativas de segundo nivel operativo correspondientes.

En ese sentido, se fundamenta que en el artículo 11 del anexo a la Ley Nº 25.164 se establece que el personal con régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de reestructuración que impliquen la supresión de órganos, organismos o funciones, o bien por reducción de dotación en función del informe fundado del órgano competente sobre la dotación óptima necesaria, pasará automáticamente a situación de disponibilidad por un período máximo de doce (12) meses, de conformidad con lo que determine la reglamentación. Allí se fijan las previsiones que rigen el régimen de disponibilidad aplicable al personal comprendido en el régimen de estabilidad que resulte alcanzado por medidas de reestructuración o por reducción de la dotación óptima necesaria.

“El área competente de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía ha tomado la intervención correspondiente. El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía ha emitido dictamen en el ámbito de sus competencias”, se destaca en el decreto que lleva la firma de Caputo.