
Con posturas divididas, convirtieron en Ley la reforma al Juicio por Jurados

El Senado sancionó la modificación de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y con despacho favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y de Legislación General. El proyecto fue aprobado por mayoría, siendo 14 votos afirmativos; 1 abstención (Martín Oliva); y 1 voto negativo (Patricia Díaz).
La reforma alcanza los artículos 2º, 46 y 96 de la norma, estableciendo que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a veinte (20) años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos.
En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados será obligatoria e irrenunciable. Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos, así como sobre la conservación del cargo de las personas designadas como integrantes titulares o suplentes.
Posturas a favor y en contra del proyecto
El senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa. “Hay un principio de realidad que se enmarca en la provincia de Entre Ríos, donde hay muchos vecinos esperando el acceso a la justicia”, afirmó. Allí sostuvo que la reforma impulsada por el Ejecutivo no vulnera garantías constitucionales ni convencionales y que se trata de una facultad provincial: “Ponemos y damos prioridad a que entrerrianos puedan acceder a un proceso judicial que están esperando. En la espera se pueden lesionar derechos”. Cavagna recordó que se escucharon diversas opiniones en el marco de las comisiones, incluyendo a representantes de colegios de abogados e institutos jurídicos. Sin embargo, remarcó que la prioridad de su bloque está puesta en los justiciables. “Hay más de 190 juicios que esperan ser sometidos a jurado. El problema nos llegó y tenemos que resolverlo, aunque sea transitoriamente con esta modificación”, indicó. El senador también destacó la importancia de mantener el juicio por jurado como instituto de democratización de la justicia, pero aclaró que las reformas son “perfectibles y pueden seguir modificándose”. Finalmente, subrayó que “la prioridad hoy es dar celeridad a la Justicia y garantizar el acceso de las víctimas a un proceso”.
Por su parte, el senador Cosso valoró el trabajo realizado en las reuniones conjuntas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y de Legislación General, donde se escucharon aportes de organismos estatales, la Secretaría de Justicia, el Procurador General y representantes de la abogacía. El legislador señaló que la iniciativa llegó a la Cámara “con la problemática ya creada”, en referencia a unas 190 causas pendientes de resolución. Según explicó, la reforma apunta a agilizar los procesos y destrabar el “cuello de botella” existente en el sistema judicial. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de atender a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en un fallo reciente recomendó que los delitos de abuso sexual sean juzgados por jueces técnicos y no por jurados populares, para evitar la revictimización de mujeres y niños. Por último, aseveró que se realizará un seguimiento de la aplicación de la norma “para verificar si logra los resultados esperados”.
En otro tramo, el senador Martín Oliva solicitó autorización al cuerpo para abstenerse en la votación de este proyecto, argumentando que se trata de una norma “joven”, sancionada en 2019, y advirtió que la reforma “reduciría la competencia del juicio por jurados y le quita participación a la ciudadanía en el juzgamiento de procesos penales”. Además, consideró que las dificultades señaladas en comisión “responden a cuestiones de recursos y de logística, no a la ley en sí misma”. En ese sentido, cuestionó que se haya buscado “el camino más corto para arribar a una solución”. No obstante, aclaró que no pretendía obstaculizar la aprobación de la iniciativa: “Mi voto tiene que ver con el control que debo ejercer como legislador, para que esta modificación sea una solución y no un problema mayor”.
Finalmente, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) expresó su voto negativo, y argumentó que la iniciativa implica “un retroceso en un derecho adquirido desde la recuperación democrática”, al reducir la participación ciudadana en los procesos penales. “El juicio por jurado no fue un experimento, sino un avance histórico que acercó la justicia a la gente”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “ninguna crisis justifica debilitar derechos”. Díaz señaló que la reforma “recorta apoyos y suma excepciones” que limitan la diversidad y la representatividad de los jurados, lo que a su juicio podría afectar la legitimidad y la confianza en la Justicia. Asimismo, remarcó que bajar los estándares de unanimidad en los veredictos “no hace más rápido el camino hacia la verdad, solo lo hace más frágil”. Por estas razones, expresó que su voto en contra “busca resguardar el valor democrático y la cercanía que el sistema de jurados ha generado en la provincia”.



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