Clausuraron un geriátrico de San Benito por falta de habilitación y trasladaron a los adultos mayores

Una residencia geriátrica privada de San Benito fue clausurada este lunes 17 de noviembre por no contar con la habilitación exigida para su funcionamiento. La medida, ejecutada por el Juzgado de Faltas local, se llevó adelante en coordinación con la Unidad Ministerial de Adultos Mayores —dependiente de la Secretaría de Salud de Entre Ríos— y personal de la Sección Inspección General del municipio, según lo establecido en las ordenanzas 389/14 y 768/24.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Municipio de San Benito, durante la primera inspección se constató la presencia de ocho adultos mayores alojados en un inmueble que no reunía condiciones adecuadas de habitabilidad ni de seguridad. Los inspectores informaron la situación a los familiares, quienes retiraron y reubicaron a los residentes dentro del plazo previamente acordado.

Intervención del Juzgado de Faltas

La jueza de Faltas, Miriam Deharbe, confirmó que la colocación de la faja de clausura se realizó a las 11.30. Según explicó, la decisión se tomó debido a que el responsable del establecimiento no cumplió con los requerimientos que le habían sido formulados durante instancias previas, informó Elonce.

La medida se basó en un informe técnico elaborado por la ingeniera Carina Zapata, directora de Obras Privadas Municipal, cuyas observaciones fueron determinantes para la clausura. Además, el procedimiento contó con el respaldo de las evaluaciones realizadas en el lugar por la Coordinadora de Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Salud provincial, autoridad facultada por la Ley 10.932 y su decreto reglamentario, que regulan las residencias gerontológicas de larga estadía en Entre Ríos.

Requisitos para funcionar

Desde el municipio recordaron que toda residencia geriátrica debe obtener la habilitación correspondiente antes de iniciar actividades y cumplir estrictamente con las condiciones previstas en la normativa vigente. El objetivo es asegurar estándares mínimos de infraestructura, seguridad y asistencia, que garanticen el cuidado integral y los derechos de las personas mayores alojadas.

La clausura permanecerá vigente hasta que el establecimiento regularice su situación administrativa y cumpla con todos los requerimientos técnicos y sanitarios establecidos.