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Las entidades prestadoras de servicios oftalmológicos de todo el país salieron al cruce de la reciente decisión del PAMI de bloquear de manera discrecional la atención a pacientes.
Adujeron falta de criterios técnicos transparentes y parámetros clínicos verificables que la justificaran.
La obra social de los jubilados había publicado, días pasados, que detectó presuntas “sobrefacturaciones” en prestaciones oftalmológicas, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Y el sector no sólo lo negó sino que adujo que la medida paraliza la atención de miles de afiliados sin un procedimiento claro de auditoría, sin comunicación formal a los prestadores, sin dictámenes técnicos disponibles y sin permitir instancias de revisión o descargo.
Calificaron la decisión administrativa de arbitraria, imprecisa y sin sustento clínico verificable, ya que afecta directamente el acceso de los adultos mayores a la atención visual, fundamental para:
“La mayoría de los pacientes damnificados perciben la jubilación mínima y no cuentan con alternativas reales. Cada día sin atención constituye un perjuicio cierto, acumulativo y evitable”, comentó Omar López Mato, miembro de CAMEOF.
Enumeró qué consecuencias tiene la interrupción unilateral de autorizaciones oftalmológicas:
Y advirtió que, de persistir esta situación, los prestadores se verán forzados a adoptar medidas de fuerza para reclamar la regularización urgente del sistema y la apertura de canales de diálogo institucional.
Para finalizar diciendo que una vez más se pone de manifiesto que, aunque los gobiernos cambien, ciertos patrones de discrecionalidad, opacidad y arbitrariedad persisten, perjudicando siempre al mismo sector: el jubilado que necesita ver para vivir con dignidad.
A su vez, contragolpearon argumentando que, mientras se suspenden cirugías y consultas esenciales con el argumento de supuestas irregularidades, paralelamente —y de forma llamativamente silenciosa tras las últimas elecciones— desapareció del debate público la discusión sobre las compras de lentes intraoculares realizadas por el PAMI a valores entre 6 y 10 veces superiores al precio de mercado.
Según trascendió, estas adquisiciones se concretaron a precios profundamente distorsionados.
Aún más preocupante, se señaló, se habría solicitado un 10% a los proveedores para garantizar adjudicaciones, lo que explicaría que participaran intermediarios y no laboratorios, que por normas de compliance no pueden involucrarse en prácticas irregulares.vrcTcQ
Este escenario exige investigación inmediata y transparente, reclamó la entidad.
En suma, los prestadores reclamaron:
AgenciaNA
