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La Provincia de Entre Ríos está cerca de adherir a la Ley Nacional de Vacunación y consolidar la inmunización como una política pública central en materia de salud. El incumplimiento de vacunación obligatoria aplicará algunas medidas contra las personas responsables.
El proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado provincial y ahora se encamina a ser ratificado en Diputados. La iniciativa declara a la vacunación como un bien social de interés provincial, garantiza su acceso gratuito y obligatorio para toda la población y designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.
El proyecto establece que la provincia coordinará con el Estado nacional la provisión, distribución, aplicación y registro de las vacunas, y que integrará sus sistemas de información al Registro Federal de Vacunación Nominalizado.
También se prevé la implementación de campañas de concientización, educación y promoción de la vacunación, en articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Los padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de los niños, niñas, adolescentes o personas incapaces son responsables de la vacunación de las personas a su cargo. La ley nacional ordena que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente o funcionario público que see entere del incumplimiento deberá comunicarlo ante la autoridad, en el caso de Entre Ríos al Copnaf.
En línea con lo dispuesto por la Ley Nacional, el proyecto contempla que el incumplimiento injustificado de la vacunación obligatoria pueda derivar en restricciones para acceder a determinados trámites administrativos, educativos o sociales.
La normativa nacional no establece sanciones penales ni multas, sino que prevé medidas de carácter administrativo destinadas a promover el cumplimiento del calendario de vacunación y proteger la salud colectiva. Las únicas excepciones admitidas son las que tienen razones médicas, debidamente acreditadas por profesionales de la salud.
La iniciativa se apoya en la ley nacional sancionada en 2018, que declara a la vacunación como un bien social de interés nacional y como una herramienta preventiva clave para el control de enfermedades evitables.
En un contexto en el que las enfermedades prevenibles continúan representando una amenaza para la salud pública, especialmente en los sectores más vulnerables, se destaca que la vacunación gratuita y obligatoria permite ampliar la cobertura poblacional, reducir riesgos epidemiológicos y priorizar el interés público por sobre el individual, con decisiones sanitarias basadas en evidencia científica.
Ahora
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