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Probation para acusado de ejecutar millonaria estafa bajo la modalidad del “cuento del tío” en Paraná

La medida incluye reparación económica de un millón de pesos y 96 horas de tareas comunitarias, con suspensión del proceso por dos años.
Policiales/Judiciales22 de mayo de 2026


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La jueza de Garantía Marina Barbagelata otorgó la suspensión del juicio a prueba a Fabricio Juan Manuel Leguizamón, imputado por estafa y tenencia simple de estupefacientes. La medida fue aceptada por las fiscal Evangelina Santana, tras el pedido formulado por el defensor Claudio Berón.

El beneficio de la probation se fijó por el plazo de dos años, con la obligación de reparar económicamente a la víctima con un millón de pesos y cumplir 96 horas de tareas comunitarias.

El caso es un típico cuento del tío y se originó el 26 de noviembre de 2024, cuando una persona desconocida, haciéndose pasar por amigo de G.E.R., llamó por teléfono en reiteradas ocasiones a la madre S.M.S., y la convenció de que debía cambiar los dólares que tenía en su domicilio.

Momentos más tarde, Leguizamón junto a otro hombre no identificado llegaron en una motocicleta Honda Tornado negra, roja y blanca al domicilio de calle 25 de Mayo.

Desde allí, se trasladó con la mujer en un Toyota Etios hasta la intersección de Panamá y Bertozzi, donde le pidió detener la marcha. En ese lugar, tomó las llaves del vehículo y sustrajo una bolsa plástica con la inscripción “Calzados Centro” que contenía aproximadamente 200.000 dólares, huyendo en la motocicleta y generando un perjuicio económico millonario.

El segundo hecho se registró el 30 de noviembre de 2024, cuando en una vivienda de calle Buchardo S/N del barrio Mosconi, el acusado fue encontrado en posesión de un frasco de vidrio con una sustancia vegetal verde amarronada. El test de campo confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 90 gramos.

La calificación legal de los hechos fue estafa (artículo 172 del Código Penal) y tenencia simple de estupefacientes (artículo 14 de la Ley 23.737).

La jueza dispuso la suspensión del proceso por dos años, con la obligación de realizar una reparación económica de un millón de pesos y cumplir 96 horas de tareas comunitarias. De esta manera, el acusado evitó la continuidad del juicio, quedando sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones impuestas.

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