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La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, condenó a dos mujeres, madre e hija, a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional por chantajear a un funcionario policial con escracharlo y denunciarlo penalmente por abuso sexual de una menor.
El acuerdo fue presentado por la fiscal Carolina Guzman y el defensor técnico de las imputadas, Juan Domingo Cabrera.
Los hechos que llevaron a la condena de C.S.C., y su hija, M.C.B., ocurrieron entre la madrugada del 4 y la tarde del 5 de octubre de 2023. Ambas mujeres, actuando en conjunto -con un tercero desde un establecimiento penitenciario-, contactaron a la víctima, un funcionario policial que prestaba servicios en la Comisaría de Hasenkamp para exigirle la entrega de 200.000 pesos.
La amenaza consistía en realizar publicaciones en redes sociales (“escraches”) y radicar una denuncia penal falsa en la que involucrarían al hombre como un presunto abusador de menores. Para evitar el daño a su honor y familia, la víctima debía transferir el dinero o entregarlo en efectivo.
Sin embargo, el plan se vio frustrado cuando el hombre dio aviso a Sergio Aguiar, Jefe de la dependencia policial de Hasenkamp, que junto a otros funcionarios coordinó un operativo de interceptación. Tras mantener viva la conversación a través de whatsapp, el efectivo policial víctima de la extorsión acordó viajar hasta el acceso a San Benito a llevar el dinero en efectivo.
Tras esperar algunas horas en el ingreso por Guido Marisa y Ruta 12, las mujeres se presentaron en la entrada de San Benito para retirar el “paquete” con el dinero. Allí fue que personal policial de las comisarías de San Benito y Hasenkamp procedió a su inmediata detención, recordó Ahora.
La jueza Castagno declaró a C.S.C -de 48 años- y a su hija -de 28- como coautoras materiales y responsables del delito de chantaje en grado de tentativa. En consecuencia, se les impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.
Para mantener la libertad condicional, las condenadas deberán cumplir estrictas normas de conducta durante un periodo de dos años, que incluyen: prohibición de contacto con la víctima o su grupo familiar, ya sea de forma personal o por terceros. La realización de trabajos comunitarios por 96 horas globales por año en una institución de bien público que determine la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). Estas horas podrán ser sustituidas por cursos de capacitación en oficios.
Durante la audiencia, las imputadas reconocieron expresamente su responsabilidad penal y aceptaron los términos del juicio abreviado para agilizar la resolución de su situación procesal. La magistrada destacó que la evidencia recolectada, que incluyó capturas de pantalla de WhatsApp y registros fílmicos, fue suficiente para destruir el estado de inocencia y confirmar la autoría del hecho.
