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El vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones N° 6 de la ciudad de Paraná, dictó sentencia en la Causa en la que seis personas llegaron a juicio abreviado por su participación en una maniobra de defraudación al Estado provincial que se sostuvo durante más de una década a través del sistema informático de la entonces Dirección General de Rentas, hoy Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
La sentencia, firmada el 21 de agosto, condenó a María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Gustavo Alejandro Gioria, Darío Fabián Barreto, Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro. Los seis llegaron a la audiencia con un acuerdo de pena ya cerrado con la Fiscalía y con el Estado provincial, que actuó como querellante particular, por lo que renunciaron a los plazos para recurrir el fallo.
De acuerdo con los hechos que el Tribunal tuvo por probados -y que los propios acusados admitieron al aceptar el procedimiento abreviado-, la maniobra central consistió en cargar información falsa en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el software con el que ATER gestiona las cuentas de los contribuyentes. Se hacía figurar que determinadas personas o empresas eran titulares de “créditos líquidos y exigibles” contra el Estado provincial, es decir, que el fisco les debía dinero, cuando en realidad esa acreencia no existía.
Con ese dato falso cargado, el sistema procesaba automáticamente una “compensación tributaria”: daba por cancelada la deuda impositiva real del contribuyente, sin que hubiera ingresado un solo peso a la Provincia, publicó Análisis.
Según relata la sentencia, la operatoria se ejecutaba accediendo al SAT a través de un usuarioque había sido habilitado a nombre de Abelardo Daniel Gaggión -entonces Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER- para el cumplimiento de sus funciones. Ese usuario fue el que, según el Tribunal, permitió llevar adelante las compensaciones fraudulentas, pese a que esa tarea no formaba parte de las funciones asignadas a Gaggión.
Quien le había hecho otorgar la habilitación en los roles necesarios para operar el sistema fue María Estrella Martínez de Yankelevich, Jefa del Departamento Despacho de la ATER.
El esquema se sostuvo, con protagonistas que se fueron sumando y retirando entre 2004 y 2014.
El expediente se abrió a partir de una denuncia radicada el 5 de junio de 2014 por el contador Marcelo Pablo Casaretto, entonces director ejecutivo de ATER, luego de que un empleado del organismo contara en detalle lo que ocurría.
La causa incluyó allanamientos en oficinas de ATER, en el estudio contable y en los domicilios de los imputados Schmukler y Castro, pericias informáticas sobre el sistema SAT, informes del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre los auditores que debían controlar las rendiciones de ATER en cada período, informes de la AFIP, de bancos y entidades financieras, y decenas de testimoniales de agentes y ex agentes del organismo recaudador.
María Estrella Martínez de Yankelevich, de 77 años, jubilada, ex Jefa del Departamento Despacho de ATER, fue declarada autora material y responsable de los delitos de simulación dolosa de pago y adulteración dolosa de registros (ambos de la Ley Penal Tributaria 24.769), cohecho pasivo y defraudación a la administración pública, todos ellos reiterados y en concurso real. El Tribunal la condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $30.600.000, pagadera en diez cuotas mensuales.
Abelardo Daniel Gaggión, de 62 años, ex Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER, recibió la misma calificación legal que Martínez de Yankelevich -autor de los mismos delitos, en la misma escala de concursos- y fue condenado también a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para cargos públicos y una multa de $20.000.000.
Gustavo Alejandro Gioria, contador público de 62 años, es la figura que introduce una variante en el expediente: no era agente de ATER, sino Tesorero General de la Provincia de Entre Ríos, cargo para el que había sido designado por decreto en agosto de 2012, en el segundo gobierno de Sergio Urribarri. Según el Tribunal, Gioria tomó conocimiento de que la maniobra de compensaciones falsas seguía en marcha y, lejos de adoptar alguna medida para frenarla -como se lo imponía su posición funcional-, no solo omitió actuar, sino que indujo a un contribuyente, José Miguel Ditrich, presidente y administrador de clave fiscal de la firma Insumos Entre Ríos S.A., a sumarse al mismo mecanismo fraudulento. Ditrich aceptó, y entre agosto de 2012 y mayo de 2014 se registraron al menos dieciocho operaciones de compensación falsa a favor de esa empresa, con un perjuicio fiscal de $2.268.586,15 solo en ese caso puntual. Gioria fue condenado por defraudación a la administración pública reiterada, a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para cargos públicos y una multa de $10.000.000.
Darío Fabián Barreto, de 61 años, jubilado, era agente de planta permanente de ATER y, según la acusación que admitió, actuó en connivencia con Martínez de Yankelevich y Gaggión para que el mecanismo de compensaciones falsas beneficiara a distintos contribuyentes, a cambio de beneficios económicos. Recibió la misma calificación legal que los dos primeros condenados y fue sentenciado a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua e idéntica multa de $30.600.000.
Julio Schmukler, contador de 81 años, con estudio contable en Concordia, y Carlos Raúl Castro, de 72 años, también de Concordia, representan la otra cara de la maniobra: la de quienes, desde afuera del organismo, gestionaban ante los funcionarios de ATER que sus clientes -contribuyentes particulares y empresas- resultaran “beneficiados” con compensaciones que en verdad nunca se pagaron. Ambos fueron condenados como partícipes necesarios de la defraudación a la administración pública y autores de cohecho activo (el delito de quien ofrece o entrega una dádiva a un funcionario público). A Schmukler el Tribunal le impuso tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para cargos públicos y una multa de $10.000.000; además, como regla de conducta específica, deberá donar $40.000 mensuales durante los tres años de la condena a una institución de bien público. A Castro, que ya registraba una condena anterior por estafa dictada en 2014 por el Tribunal de Concordia, se le impuso una pena única de tres años de prisión condicional -que absorbe la anterior- más una multa de $200.000.
