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El gremio solicitó a los legisladores que no aprueben el proyecto de Ley de Consorcios Camineros y advirtió que la iniciativa debe analizarse junto con la reforma de la Ley 6351 de Obras Públicas, porque ambas herramientas pueden formar parte de un mismo esquema: vaciar progresivamente Vialidad Provincial, tercerizar tareas y flexibilizar el manejo de recursos públicos.
Desde Soever señalaron que ya no se trata de discutir una ley aislada. Por un lado, el proyecto de Consorcios Camineros crea estructuras externas a la Dirección Provincial de Vialidad. Por otro lado, la reforma de la Ley de Obras Públicas amplía mecanismos de contratación, habilita nuevas formas para ejecutar tareas de mantenimiento, reparación y conservación, y abre la posibilidad de contratar con más actores externos.
“Estamos frente a un esquema. Primero crean estructuras externas. Después flexibilizan la contratación. Después dicen que Vialidad no tiene capacidad. Y finalmente los caminos, la maquinaria y la plata de los entrerrianos pueden quedar en manos de terceros, con muy pocos controles”, expresaron desde el sindicato.
En este marco, Soever advirtió que el problema no es solo el vaciamiento de Vialidad, sino también el doble criterio del gobierno. Hoy Vialidad debe atravesar controles importantes, pero muchas veces excesivamente burocráticos, para comprar repuestos, reparar máquinas, contratar o ejecutar obras. Esa burocracia demora respuestas y debilita la capacidad operativa del organismo.
El sindicato reclama agilizar esos procedimientos para que Vialidad funcione mejor, pero sin eliminar controles ni transparencia. Sin embargo, mientras al organismo público no se le dan herramientas ágiles, se pretende avanzar con un esquema donde Consorcios y terceros podrían manejar fondos, maquinaria, combustible, materiales o asistencia técnica con menos burocracia y menos controles.
“Para Vialidad todo es lento y trabado. Pero cuando aparecen estructuras externas o privados, ahí sí quieren flexibilizar. Agilizar no puede ser una excusa para debilitar los controles sobre la plata de los contribuyentes”, afirmaron desde Soever.
Desde la organización gremial remarcaron que la combinación entre Consorcios Camineros y reforma de Obras Públicas puede habilitar una cadena de intermediación peligrosa: Estado, Consorcio y contratistas privados.
Para Soever, lo que se presenta como descentralización puede terminar funcionando como tercerización en cadena.
“El Estado pone los recursos, el Consorcio administra y un tercero ejecuta. Eso significa más intermediarios, menos claridad y más riesgo sobre el uso de fondos públicos. La plata de los contribuyentes no puede circular por un sistema con menos controles que la obra pública tradicional”, sostuvieron.
El sindicato también cuestionó que se pretenda usar el deterioro de Vialidad como excusa para reemplazarla. Según Soever, el problema de fondo no es Vialidad ni sus trabajadores, sino años de falta de inversión, pérdida de personal, maquinaria envejecida, talleres debilitados, falta de repuestos y procedimientos administrativos que necesitan modernizarse.
“No se puede vaciar una institución durante años y después usar ese vaciamiento como argumento para sacarle funciones. Si Vialidad perdió capacidad, la respuesta no puede ser quitarle más tareas y entregárselas a terceros. Eso no es modernización. Es privatización encubierta”, señalaron.
La organización gremial advirtió además que esta ley puede condenar a desaparecer progresivamente a Vialidad Provincial, una institución que durante casi 100 años fue artífice del desarrollo entrerriano, construyendo rutas, puentes y manteniendo miles de kilómetros de caminos de tierra, brosa y ripio en todo el territorio provincial.
Desde Soever remarcaron que el debate no afecta solamente a los trabajadores viales. Afecta a toda Entre Ríos. Los caminos rurales son parte central de la economía provincial: por ellos sale la producción agrícola, ganadera, avícola, arrocera, citrícola, forestal y de las economías regionales. También por esos caminos circulan docentes, estudiantes, ambulancias, trabajadores, insumos y servicios esenciales.
“Vialidad no es un gasto. Vialidad es infraestructura productiva, presencia del Estado y garantía de conectividad para miles de entrerrianos. Debilitar Vialidad es debilitar la producción, la educación, la salud y la vida cotidiana de las comunidades rurales”, expresaron.
Finalmente, desde el sindicato pidieron a los senadores provinciales que no acompañen una ley que puede convertir a Vialidad Provincial en una simple administradora de convenios y contratos, sin capacidad propia para ejecutar trabajos en el territorio.
“No quieren solamente reemplazar a Vialidad. Quieren cambiar las reglas para manejar la obra vial con menos controles. Entre Ríos no necesita un esquema para vaciar Vialidad y entregar recursos públicos a terceros. Necesita una Vialidad fuerte, con trabajadores, maquinaria, talleres, canteras, zonales fortalecidas y capacidad propia para ejecutar”, concluyeron desde Soever.
APFDigital
