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El Gobierno nacional anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y, acto seguido, denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas y exigirá sanciones.
Según fuentes oficiales, la firma Thales UK Limited desarrolló vuelos desde el archipiélago nacional hacia la ciudad chilena de Punta Arenas. Lo hizo gracias a una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. Por eso, la gestión Javier Milei también instruyó a los equipos técnicos para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación al caso.
También, el Gobierno avanzó en otro plano: expresó que insistirá por vía judiciales contra el país europeo ante lo que considera como un ilegítimo de la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes por medio de diversas compañías.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, sostuvo el presidente Javier Milei en su cuenta de X.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada amplió que el jefe de Estado instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de dicha Convención.
El objetivo central de la medida es impedir la explotación ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado “Sea Lion”, así como la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
En el texto oficial, la administración libertaria fundamentó su reclamo al recordar que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce formalmente la disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 prohíbe de manera expresa la adopción de decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos.
En ese marco, el documento califica la explotación unilateral como una violación al derecho internacional, que genera un “perjuicio irreversible e irreparable” a los derechos soberanos del país.
La situación llevó a que el Gobierno intime al Reino Unido para que, en un plazo máximo de dos semanas, disponga las medidas necesarias para frenar el desarrollo del proyecto “Sea Lion”, tal como expresó el jefe de Estado. El texto advierte que, de no cumplirse dicho requerimiento en el plazo fijado, la Argentina solicitará de inmediato medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar sus derechos.
Por otra parte, la Oficina del Presidente manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta británica tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que la denominación de “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en las islas en 2013 “no son reconocidos internacionalmente ni alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía”.
Finalmente, el Gobierno informó que inició acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia tras detectar operaciones aéreas no autorizadas de la empresa Thales UK Limited en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas, realizadas por una aeronave con matrícula británica.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”, concluyó el comunicado firmado por el Presidente.
