La situación judicial del cura Marcelino Ricardo Moya será tratada en los Tribunales el próximo martes 11, con una audiencia en la Cámara de Casación Penal, instancia a la que llegaron los abogados defensores del sacerdote, que carga con una causa por abuso y corrupción de menores en Villaguay, donde estuvo destinado en los primeros 90.

La Cámara de Casación Penal de Paraná deberá resolver el planteo de prescripción formulado a principios de agosto de 2017 por los abogados defensores del cura Moya, quien carga con dos acusaciones en el fuero penal por corrupción y abuso sexual de menores, en ambos casos agravados por su rol de miembro del clero.

El expediente llegó al tribunal el 14 de agosto del año último, y el 28 de ese mes fue notificada la Procuración. Ahora, lo que ocurrió es la fijación de laa fecha de audiencia de debate en Casación del incidente de prescripción. Los defensores de Moya pretenden llevar la causa por ese carril, y de ese modo retrasar la fijación de la fecha del juicio oral, tal como ya ocurrió con los sacerdotes Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz, ambos ya condenados a 25 años de prisión en la Justicia.

El recurso fue presentado por los defensores el viernes 4 de agosto de 2017. El sacerdote carga con dos denuncias en la Justicia: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. Desde finales de junio de 2015, cuando en Tribunales se comenzó a tramitar la causa penal por abusos, la Iglesia Católica lo suspendió a Moya en su función pastoral, y por eso mismo no puede oficiar misas en público.

Esa vía, la de la prescripción, ya tuvo sentencias adversas en dos oportunidades en la causa Moya.  La última, de un tribunal de alzada en Concepción del Uruguay, recordó en su informe Entre Ríos Ahora.

El 31 de julio el año pasado, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores de Moya. El camarista  Mariano Martínez confirmó la resolución  del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, que el 29 de junio de 2017 rechazó la vía de la prescripción y elevó la causa a juicio.

Los abogados defensores del cura insisten, no obstante, con el mismo criterio: piden  la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote: dos abusos, ocurridos en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso. Después, el caso recaló en los Tribunales de Villaguay. Allí, la fiscal Nadia Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria en mayo último e hizo el pedido de elevación a juicio, que resolvió el juez de Garantías a finales de junio.

El pedido de elevación a juicio fue ac0mpañado por los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso.

En resolución de rechazo a vía de la prescripción, el camarista Martínez consideró que “prima facie y al amparo de las evidencias mentadas durante la sustanciación del presente recurso -reconociéndoles la provisionalidad de la instancia- que el caso puede ser adscripto a la categoría en cuestión (violación a los Derechos Humanos de personas menores de edad)”.

Superado el trámite de Casación, señalan los letrados, esperan que, una vez que el caso llegue a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con nueva composición, allí la prescripción encuentre buena acogida. Dos jueces de la sala, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, ya se han manifestado a favor de la prescripción en el caso Ilarraz, y eso, consideran los abogados de Moya, es un antecedente a tener en cuenta.