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Causa Waigel: por el juicio a Urribarri, otra vez postergan el juzgamiento por la quiebra

Crespo 17 de noviembre de 2021
Miguel Cullen es defensor en las causas contra el exgobernador por presunta estafa y pidió pasar el juicio por la causa Waigel para realizar un trabajo eficaz
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Las más de 1.500 familias damnificadas por la quiebra presuntamente fraudulenta de la empresa Waigel deberán seguir esperando: a más de 12 años de las maniobras que se adjudican a la familia de Crespo, finalmente se iba a realizar el juicio por el fraude, pero nuevamente se ha postergado para el año próximo. La razón es que uno de los abogados que representa a los principales imputados se encuentra ejerciendo la defensa de varios acusados en el juicio contra el exgobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad de ambas causas, pidió postergar el debate de la Causa Waigel para poder ejercer un trabajo eficaz. El Tribunal Oral Federal de Paraná dispuso entonces el aplazamiento.
Segun publicó diario UNO, el 29 iba a ser la primera de las audiencias que concluirían con las declaraciones testimoniales a fin de año, y para febrero de 2022 se estipulaba la realización de los alegatos, por lo cual la ansiada sentencia iba a conocerse ese mes.

Ahora se fijó el inicio del juicio para el 9 de marzo de 2022, con audiencias los miércoles y viernes. El debate se realizará en el salón de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, tal como sucedió con las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio. El TOF estará integrado por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, mientras que acusará el fiscal general José Ignacio Candioti.

Según la resolución del TOF firmada por la jueza Lilia Carnero, Miguel Ángel Cullen, defensor de Miguel Artemio Waigel, Miguel Francisco Artemio Waigel, Maricel Alejandra Waigel y Nanci del Carmen Waigel, solicitó el cambio de fecha por la imposibilidad de comparecer en las fechas fijadas, en virtud del juicio oral y público que inició en septiembre en los Tribunales provinciales, conocido como el megajuicio a Urribarri y otros exfuncionarios y empresarios imputados por la cartelización de la publicidad oficial, donde el letrado representa la defensa de Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel.

Sostuvo que, si bien estaba prevista su duración en un mes, con motivo de los protocolos a utilizar y la emergencia sanitaria, su duración se ha prolongado y se estima que siga hasta diciembre, sin descartarse la posibilidad de que se extienda hasta febrero de 2022.

Además, Cullen explicó que ejercía la defensa junto al abogado penalista Guillermo Vartorelli, quien renunció por haber ingresado a trabajar en el Poder Judicial de la Provincia, y ahora quedó solo, por lo cual en una causa con la complejidad que posee el caso Waigel, intercalar ambos procesos le impediría ejercer la defensa material de sus defendidos de manera adecuada, teniendo en cuenta que se trata del estudio de una quiebra decretada en el fuero provincial, la presencia y preparación de decenas de testigos e innumerable documental, a lo que se agrega que se encuentra en plena fase de liquidación de bienes.

En la resolución, la jueza Carnero hizo lugar al planteo de Cullen y postergó el debate “sin que exista otra posibilidad de cambiar el cronograma, dado la duración que lleva el proceso”. Asimismo, reiteró a las partes “la conveniencia de reducir la convocatoria de los testigos admitidos, a aquellos que resulten estrictamente necesarios”.

Cabe recordar que el núcleo principal de la familia Waigel procesado en la causa está interado por Miguel Artemio, Maricel, Miguel Francisco y Nanci Waigel. Son quienes más comprometidos estarían en las maniobras por las que desviaron dinero y bienes de la empresa. Luego está el segundo grupo de Juan Pablo, Andrés y Marcos Waigel y Rosa Butazzoni. Les sigue una larga lista de presuntos cómplices del fraude y satélites que serían posibles prestanombres para la transferencia de bienes, quienes sostienen su inocencia e incluso se declaran víctimas de los primeros.

Los dos grandes delitos que les imputan a los principales acusados son Insolvencia fraudulenta y Quiebra fraudulenta, agravados por la intervención plural de personas.

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