En un documento de cuatro páginas, el órgano comunal manifestó su desacuerdo con el fallo judicial de la jueza María Alejandra Abud, quien el 6 de enero suspendió la resolución de destitución; y también con el dictamen de la Junta Electoral de Paraná que desestimó la remoción «por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente”.

Esta última decisión fue en respuesta al escrito presentado por Emilio Rufiiner el 30 de diciembre de 2022 en el que informó que el Consejo Comunal destituyó a Araujo y puso en su lugar al consejero Franco Sandrigo, 26 años.

Tras deliberar sobre la situación judicial y administrativa, el órgano reiteró las acusaciones contra Araujo que fueron determinantes para su expulsión a fin de año. Reseñaron que “la decisión se dio tras una serie de irregularidades sostenidas en el tiempo atribuibles a la Sra. Araujo, a la falta de explicaciones ante los diferentes planteos realizados en las sesiones del Concejo Comunal, y a una forma de conducir el Estado arbitraria, autoritaria y con resabios antidemocráticos”.

Agregaron que “se procedió poniendo por encima de todo al pueblo, y no a aspectos partidarios o de conveniencia individual. El incumplimiento en la aplicación de Ordenanzas, como la Creación del Consejo de Salud, el Consejo de Seguridad, la implementación de Becas, o la ayuda económica a emprendedores; la prácticamente nula gestión de mejoras para nuestro pueblo; la falta de rendiciones al Consejo Comunal tal como lo establece la Ley 10.644; son algunos de los aspectos en los cuales notamos una conducta que menosprecia la normativa vigente y la función pública. A ello se suma la nula transparencia en la gestión, ya que la Comuna no presentó balances ni al Consejo Comunal, ni al pueblo en general”.

También le endilgaron falta de trasparencia sobre el destino de los dineros públicos y de haber mentido en cuanto a la ejecución de la obra pública. “Mentirle a los vecinos y vecinas sobre la correcta ejecución de la obra de cordón cuneta generó un clima de tensión en los habitantes del pueblo: la Sra. Araujo presentaba anteproyectos de obra pública por fuera de lo que la normativa indica, lógicamente los anteproyectos eran o rechazados o mandados a rectificar, pero la Sra. Araujo se encargaba de manifestar, inclusive en redes sociales y en medios de comunicación, que los consejeros ponían ‘palos en la rueda’, y que por culpa de ello la obra no se realizaba. Tamaña mentira generó malestar entre vecinos y vecinas hacia los consejeros comunales, lo que es una tremenda muestra de irresponsabilidad por parte de la Sra. Araujo, porque la mentira es la génesis de la violencia”, manifestaron.

Refirieron que también le reprocharon la no puesta en funcionamiento de un ambulancia adquirida en febrero de 2022 y que esta situación tuvo su punto crítico el 18 de noviembre cuando un joven sufrió un accidente en moto y que no había vehículo sanitario para asistirlo.

Cuestionamientos a la Justicia y la Junta Electoral

En el escrito, el Consejo Comunal subrayó que solicitó la intervención al Gobierno provincial, pero que no tuvo la respuesta esperada: “El Ministerio de Gobierno emitió el Dictamen N°381/22 en el cual plantea la no conveniencia de la intervención, por ir en contra del principio de Autonomía que propone la Ley de Comunas y expresa que el Consejo Comunal ‘cuenta con el Instituto de la Destitución consagrado en el Artículo 14 de ley aplicable para ordenar administrativa y políticamente la administración comunal sin ceder autonomía’”.

Así fue como se llegó a la sesión del 28 de diciembre, donde los consejeros del PJ y Juntos por el Cambio votaron la destitución de Araujo.

Recordaron que el 6 de enero la jueza Abud suspendió la destitución y elevó las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia; y que el 11 de enero la Junta Electoral desestimó la resolución votada por el Consejo Comunal.

Señalaron que el fallo judicial fue apelado y que el dictamen administrativo también será cuestionado en otra instancia. Al respecto de la decisión de la Junta Electoral, indicaron que en los fundamentos se sostuvo que “el legislador no ha previsto en la Ley 10.644 la herramienta de la destitución para el cargo de Presidente Comunal”, replicó Entre Ríos Ahora.

Al respecto, se preguntaron: “Entonces, según la Justicia Electoral, no hay mecanismo de destitución para el Presidente en la Ley de Comunas, pero al mismo tiempo dice que no se cumplió con el mecanismo de destitución según lo establecido por ley. Entonces, ¿es posible incumplir algo que no existe? Además, la Justicia Electoral Municipal de Paraná en sus considerandos plantea que el mecanismo a utilizar es el de la intervención, pero esa solicitud ya se había efectuado oportunamente, y la respuesta del Ministerio de Gobierno, como antes se indicó, fue que había que proceder de acuerdo al Artículo 14 de la Ley de Comunas, respetando la autonomía”.

“Nos encontramos, entonces, ante una interpretación de la Ley de Comunas realizada por parte de la Justicia Electoral Municipal de Paraná que consideramos cuestionable, porque podría terminar resolviendo los destinos de un pueblo sin considerar la simultaneidad entre la figura de Primer Vocal y la de Presidente; y sin tener en cuenta el principio central de Ley de Comunas, que es el principio de autonomía; sumado a esto los elementos de fondo que hacen a la destitución (incumplimiento de ordenanzas, desorden administrativo, falta de rendiciones, etc.), a lo que se podrían añadir aspectos que no se pueden documentar, pero que son de conocimiento de casi todo el pueblo, relacionado a autoritarismo y abuso de poder”, añadieron según registró Entre Ríos Ahora.

Además, resaltaron que “si el espíritu de la Ley de Comunas, ratificado por el Dictamen del Ministerio de Gobierno, tiene entre sus principales objetivos la autonomía de los pueblos; si vecinos y vecinas solicitaron la destitución de la Sra. Araujo; si el Consejo Comunal entiende por unanimidad que la falta de transparencia, el no cumplimiento de Ordenanzas y la falta de gestión son atribuibles de manera exclusiva a la Sra. Araujo, ¿qué más se necesita para hacer valer la voluntad popular y lo que la propia Ley de Comunas propone?”.

Finalmente, repudiaron el atentado que denunció haber sufrido Araujo en su casa y remarcaron que los integrantes del Consejo Comunal “cuestionaremos formalmente lo dispuesto por la Justicia Electoral Municipal de Paraná, con el fin de defender el principio de autonomía que la Ley Provincial de Comunas 10.644 establece”.