Según documentos exclusivos, una empresa sacó 13 toneladas de pescado pero tributó sólo un kilo, e hizo lo mismo varias veces en menos de un mes; La falta de infraestructura de los organismos despierta el enojo y la sospecha del sector, que acusa a la cúpula de la DGFA de ser inepta para este trabajo.

Una de las grandes cualidades que tiene la provincia de Entre Ríos es que está bordeada por dos de los mayores ríos del país: el Paraná y el Uruguay, lo que conlleva tener a mano, ahí nomás, la riqueza natural de los recursos ictícolas, por lo que la pesca pasa a ser uno de los sectores más influyentes en la economía regional y provincial.

Una de las zonas donde la pesca forma parte del día a día es el departamento de Islas, más precisamente la localidad de Villa Paranacito, donde los pescadores artesanales locales ven con preocupación un problema cada vez más avasallante: la invasión de aguas entrerrianas por barcos acopiadores de frigoríficos que no son entrerrianos, que pescan de manera indiscriminada y no prohibida en el río Uruguay y que se llevan uno de los recursos naturales más valiosos sin tributar ni siquiera un peso al Estado provincial.

Para entender bien la raíz del problema, primero se debe entender de qué manera está permitido pescar en el Uruguay. A diferencia del río Paraná, donde la pesca comercial está permitida, en las aguas del Uruguay sólo se puede realizar pesca artesanal, o sea la que ejercen pescadores con el sólo motivo de mantener el sustento diario y vender de manera artesanal el excedente, publicó ElDía de Gualeguaychú.

Entre los requisitos que deben cumplir está el uso de “red de paño simple, cuya abertura mínima debe ser de 15 centímetros entre nudo de red estirada, con una longitud máxima de 250 metros” y a cada uno podrá capturar sábalo, Tararira y boga, de 42 centímetros de largo como mínimo y hasta piezas en total por día. Además, para poder pescar, es condición indispensable tener domicilio en ese departamento, por lo que nadie más que los del departamento de Islas pueden ejercer la actividad en esa zona.

Sin embargo, cada vez menos se ve esto en las aguas del Río Uruguay, y uno de los casos más paradigmáticos que destapó la depredación que se está realizando en esas aguas y los desfalcos al fisco que se están cometiendo en la actualidad se dio el miércoles 14 de marzo, cuando inspectores de la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria (DGFA) interceptaron un barco acopiador que no sólo no pertenecía a ningún frigorífico de la provincia sino que no tenía un solo papel en regla.

Ese día, por la tarde, inspectores provinciales abordaron junto a dos efectivos de la Prefectura Naval Argentina una embarcación del frigorífico del frigorífico Transfish SRL, con domicilio en San Fernando, provincia de Buenos Aires. En ese momento, en la bodega tenía 13.100 kilos de pescado.

Para no estar en infracción, el barco debería haber tenido, entre otros papeles, una guía de transporte, una habilitación y una guía de tránsito de productos de la pesca, que no es otra cosa que una declaración jurada donde deben figurar los kilos de pescados que sacará del río a que pescador artesanal le compró lo que lleva en la bodega (recordemos que pescar sólo pueden hacerlo los residentes del lugar).

Ese día, los inspectores de la DGFA labraron un acta donde contabilizaron varias infracciones, algo totalmente inusual e insólito por los excesivo. Pero además, el procedimiento obligó a Transfish SRL a sacar una guía de tránsito de productos de la pesca para declarar las 13 toneladas de sábalo y los 56 de boga, lo que obligó a la empresa a pagar la tasa de $4,50 por kilo de sábalo, lo que significó un ingreso a las arcas provinciales de $58950.

Lo que podría haber sido un incidente aislado plagado de infracciones, dejó al descubierto un desfalco al estado provincial mucho mayor que los casi 60 mil pesos que fueron tributados gracias al operativo del miércoles 14.

Según informaron fuentes locales, el martes 13, un día antes del operativo, la misma embarcación sacó de su bodega y trasbordó a un camión no menos de 15 toneladas de pescado. Sin embargo, documentos a los que accedió ElDía indican que Transfish declaró haber sacado del Río Uruguay sólo un kilo de pescado, por lo que la provincia de Entre Ríos ese día recibió sólo 4,50 pesos, mientras que 12.999 kilos se esfumaron en la nada, sin tributar absolutamente y sin que sean parte ahora de los recursos naturales de la provincia. La misma maniobra fue repetida no menos de cinco veces durante en marzo.

Suponiendo que en vez de un kilo de sábalo sean 13 toneladas –un número que haría rentable el viaje para el acopio– estas cinco guías significarían un fraude a la provincia de 292.477,50 pesos en un lapso de tiempo de 21 días.

Hasta 2015, existía un convenio entre la Gobernación y la Municipalidad de Villa Paranacito para que inspectores municipales controlaran la carga de todos los barcos acopiadores que llegaban al puerto. Esto permitía que la evasión como la descripta sea muy difícil de realizar. Pero al día de hoy, nadie pudo dar una explicación de por qué el convenio había finalizado y por qué la Secretariá de Producción no buscó una alternativa para continuar fiscalizando las descargas en el puerto, que actualmente es terreno libre y sin control.

Un problema de difícil solución

El ingreso del frigorífico Transfish SRL a aguas del Río Uruguay no es algo que se realice con sigilo, sino que todo lo contrario: es ostentoso y sin disimulo. “¿Quién les va a decir algo si a los inspectores de la DGFA no les dan ni siquiera una lancha para salir a controlar?”, denuncia Benancio, un pescador artesanal de Villa Paranacito que hace 35 años que ejerce su oficio.

“Además de que hay uno sólo por zona, no le dan nada para que pueda hacer su trabajo”, amplia el pescador y denuncia: “Les atan las manos porque los del frigorífico este de San Fernando está acomodado con todos, tanto acá a nivel local como a nivel provincial”.

La acusación es grave, pero habría algunos elementos que podrían darle la razón al pescador que habla con ElDía desde su pequeña embarcación impulsada por un motor de 15 caballos de fuerza. Según averiguaciones realizadas por este medio, a ninguno se les brinda un vehículo oficial para llegar a los operativos, y para controlar lo que sucede en el agua y vigilar que no se cometa ninguna infracción, dependen de la buena voluntad de la prefectura o los municipios para que los lleven en sus embarcaciones.

Además, luego de operativo del 14 de marzo –el único que se hizo contra Transfish en unos dos meses– trabajadores portuarios y pescadores de Villa Paranacito informaron a este medio que uno de los funcionarios que participó en el control fue trasladado a otra dependencia gubernamental sin motivo alguno y que ya no es parte de la DGFA.

Actualmente, la cúpula de la DGFA está conformada por Félix Esquivel, Matías Pérez y Cristian Ciarroca. Asumieron el 29 de diciembre del año pasado, aunque sólo el primero estaría ratificado en su cargo por decreto del gobernador Gustavo Bordet. Todos ellos están bajo la órbita de la Secretaría de Producción provincial, a cargo de Alvaro Gabás.

Según afirman responsables de los cuatro frigoríficos ictícolas entrerrianos, el mayor temor no es solamente que se siga depredando a los peces de la manera indiscriminada con la que actualmente lo hacen las empresas que invaden las aguas entrerrianas sino que todo está planteado para que en un futuro cercano se les permita hacer lo que hacen ahora pero de manera legal.

El motivo, cuando se lo analiza con detenimiento, es obvio: empresas como Transfish SRL ya no pueden pescar en la zona de Tigre y San Fernando simplemente porque los peces están contaminados con plomo y mercurio, lo que no les hace aptos para el consumo.

Los frigoríficos y pescadores del Río Uruguay reclaman que actualmente los responsables de la DGFA no son idóneos en la materia, que no saben nada sobre el manejo de los recursos naturales ictícolas y algunos hasta deslizan que la verdadera intención es la liberación de la actividad para que cada uno pesque como quiera, sin preservar la riqueza que nada en esas aguas.

Y de la DGFA sostienen que la falta de infraestructura histórica de la dirección y los temores por los negociados políticos que tendrían los directores conforman el caldo de cultivo ideal para que poco a poco comience un espiral sin fin e imposible de controlar, lo que derivaría en un daño futuro que todos los entrerrianos tarde o temprano terminaremos lamentando.