Mediante el Decreto 3675, el Gobierno Provincial dispuso la Intervención. Al frente de la obra social mas importante de la provincia de Entre Ríos ahora estará Mariano Gallegos que fue designado como interventor, con una remuneración equivalente al “nivel 034″ según la Ley Provincial Nº 8.620. Por su parte, Mariana Alegre asumirá como subinterventora, con una asignación salarial correspondiente al “nivel 035″ de la misma normativa. Alegre deberá renunciar a las funciones previamente encomendadas en el Ministerio de Salud, donde se le otorgará una licencia sin goce de sueldo.

El decreto también establece el “cese inmediato” de las actuales autoridades del IOSPER, exceptuando al gerente general, quien continuará en funciones.

Auditorías y medidas complementarias

En los próximos 30 días hábiles, se realizará una auditoría integral que abarcará los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales de la obra social. Para este fin, la intervención está autorizada a contratar con universidades públicas.

Además, se ordena la realización de arqueos e inventarios, conforme a lo estipulado por el artículo 75 de la Ley Provincial Nº 5.140, con la obligación de labrar las actas correspondientes.

Informe mensual y presupuesto

La intervención deberá presentar al Poder Ejecutivo un informe mensual detallando la evolución administrativa y prestacional del IOSPER, con el objetivo de normalizar la entidad. Asimismo, se autoriza a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones del decreto, consignó Vía País.

Fundamentos y sospechas

La decisión de intervenir el Iosper surgió de un informe que la Comisión Fiscalizadora Permanente de la obra social elevó al Poder Ejecutivo.

En ese análisis del “estado de situación” se da cuenta de una serie de contrataciones realizadas, de “un sinnúmero de erogaciones” y de acuerdos prestacionales sobre los que no se informaron a tal Comisión.

El informe que se elevó al Ejecutivo también se pone el foco “en la reticencia de las autoridades del Iosper a brindar información a la Comisión” e incluso menciona que se obstaculizó el acceso a la misma, lo que constituye “una franca vulneración de las funciones”, y atribuciones con las que cuenta el órgano de control permanente”, reseñó APF.

En otro párrafo se indica que hay un envío sistemático fuera de tiempo de los informes financieros mensuales y de los estados económicos de la obra social”.

También se indica que según el último informe, la obra social tiene un déficit de 19 mil millones de pesos (19.108.168.959,00), lo que representa un 14% del ingreso promedio mensual.

Más adelante se da cuenta de la demora en la entrega de prótesis y el retraso en el pago de los reintegros. Se ata esto al crecimiento de los recursos gastados para pagar procesos judiciales que le fallan en contra por “la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones”.

Sobre el final de los considerandos se menciona una serie de informes del Tribunal de Cuentas en los que se detectaron “irregularidades” en el marco de pagos a empresas que habrían generado “un presunto perjuicio fiscal”.

“Ante el estado de situación descrito resulta imprescindible disponer la intervención del Iosper para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados”, sostuvo el documento del gobierno.