El estricto mandato de hermetismo sobre lo que ocurre puertas adentro del predio de la Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá", ubicada en calle Fraternidad, en uno de los accesos a Paraná; se quebranta ante la denuncia de un hecho que afecta la integridad sexual de quien proyectaba desandar la carrera que le permita integrar las filas de la fuerza de seguridad provincial. La justicia entrerriana se focaliza en el contexto de lo sucedido en las instalaciones, en las que conjuntamente funciona la Dirección General de Institutos Policiales de Entre Ríos. 

La Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de la capital entrerriana impulsa acciones para determinar las circunstancias que configuraron la instrucción de una denuncia penal por Abuso Sexual -confirmó FM Estación Plus Crespo-. Ello, sin perjuicio de evaluar y establecer el grado de responsabilidad y cumplimiento de sus deberes, de quienes deben canalizar la inmediata intervención de la justicia, además de acompañar el proceso psico-socio-emocional de la víctima, tal como lo establecen los protocolos vigentes. 

El joven acusado -aspirante/cadete- fue expulsado de la institución de formación policial, como toda "medida reparadora". La situación y cuestiones inherentes, derivaron en un alejamiento de la joven de la institución, abandonando el proyecto de vida que incluía darle continuidad al apellido en la portación del uniforme.

El lineamiento del silencio se rompió. El valioso seno familiar de la joven concretó el apoyo y acompañamiento necesario para una denuncia -que ya cuenta con asistencia letrada particular-, y que propició la intervención de la justicia. De hecho, la Fiscalía activó en forma celérica, un abanico de medidas de protección en resguardo de la denunciante, mientras sustancia la concentración de elementos de prueba.  

¿Se cumplió?

La Ley Micaela (Ley 27.499) establece entre otras cuestiones, que todas las personas que trabajan en el sector público deben capacitarse en género y violencia de género -incluyendo los episodios de abuso-. En reiteradas oportunidades, se ha expuesto que se considera eje central de la formación que planifica la Policía de Entre Ríos para aspirantes y cadetes, futuros funcionarios que estarán en las calles y dependencias de todo el territorio provincial. 

Sin embargo, el comportamiento institucional para con la víctima forman parte de los interrogantes tribunalicios. En ese contexto, es socialmente inseparable analizar el criterio de designaciones, dado que quien actualmente ostenta la máxima autoridad en la Dirección General de Institutos Policiales de Entre Ríos, en noviembre de 2024 había sido protagonista de la imposición de un conjunto de prohibiciones y restricciones hacia una subordinada y su grupo familiar. Con dicha resolución en plena vigencia, en una causa que tramitó por "Violencia y/o Discriminación en el Ámbito Laboral", el Jefe de Policía de Provincia y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, consideraron ser funcionario idóneo para el desempeño en la plana mayor. Precisamente refrendaron su nombramiento, encomendando la conducción de los procesos de formación policial.