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El Gobierno de Javier Milei definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El nuevo sistema excluirá a cerca de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, y también a parte de los incluidos en el universo vulnerable que, por falta de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Son lo que comenzarán a pagar más cara la energía que consuman. Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente y que el cruce de datos resulta muy complejo, especialmente en los casos de beneficiarios no registrados formalmente.
No obstante, el proceso de modificación del régimen será gradual. En principio, no se prevén cambios en lo que resta del año, a menos que se requiera acelerar el ajuste fiscal, según indicaron fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía aplicó una reducción escalonada en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas. La aceleración de la inflación en los últimos meses y la cercanía del calendario electoral son factores clave para la toma de decisiones.
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa plena; ingresos bajos (Nivel 2); e ingresos medios (Nivel 3). De acuerdo con datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.
La premisa oficial es instaurar un sistema similar al de la tarifa social aplicado durante la gestión de Mauricio Macri, con solo dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, estará a cargo de poner en marcha el nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos bajará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque por ahora no se ha definido un ritmo concreto para ese recorte. En su primer año de gestión, Javier Milei ya aplicó un ajuste del orden de los USD 3.000 millones, al tiempo que incrementó los componentes tarifarios de transporte y distribución. Las distribuidoras lograron mejorar sus balances y reportan niveles de cobrabilidad superiores al 95%.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas a celebrar contratos libremente, sin la intermediación de la compañía estatal CAMMESA. La intención es recuperar un esquema de libre contratación similar al de los años noventa, aunque genera tensiones dentro del propio oficialismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los subsidios.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente
CAMMESA se volvió un actor central en el sistema energético en las últimas dos décadas, al comprar energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras, que cobran a los usuarios. Como muchos hogares no pagan el costo real de la energía, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente. Sin embargo, para que eso funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
CAMMESA ya resolvió una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), operación clave para alcanzar el superávit fiscal de 2024. También implementará un plan de pagos para regularizar la deuda de USD 1.300 millones que mantienen las distribuidoras por energía ya entregada y no abonada, con incentivos para aquellas empresas que estén al día.
Paralelamente, la Secretaría de Energía está finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este mecanismo definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos.
Infobae
