En medio de la crisis del gas, el Gobierno aumentó un recargo que impactará en la factura de los hogares

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que solventa estos descuentos, había sido ampliado en 2021 para abarcar a más provincias y localidades, especialmente del centro y norte del país, tras un acuerdo político que incluyó a legisladores de distintas fuerzas pero que fue impulsado por Máximo Kirchner. Esa extensión generó que más de cuatro millones de hogares quedaran alcanzados por rebajas de entre 30% y 50% en la factura de gas, con un peso fiscal que el Gobierno de Milei ahora considera excesivo. Según la visión oficial, la ampliación obedeció más a fines electorales que a criterios técnicos vinculados al clima.

En este escenario, el Ministerio de Economía analiza alternativas para reformular o incluso revertir parte de esa ampliación del régimen, argumentando que es inviable seguir sosteniendo un esquema tan extendido con subsidios cruzados cada vez más onerosos. Funcionarios del área energética admiten que trabajan en un rediseño del beneficio para focalizarlo en las zonas con temperaturas realmente más bajas, aunque todavía no hay una definición sobre los cambios concretos ni plazos para su aplicación.

Además, el Gobierno identificó recientemente a 137.842 usuarios residenciales del régimen de zona fría que tenían más de un medidor con el beneficio del 50% de descuento. Ante esa situación, la Secretaría de Energía dispuso un ajuste para reducir el beneficio al 30% en los medidores adicionales, manteniendo el descuento mayor solo en el domicilio principal. Con este recorte buscan limitar filtraciones y hacer más eficiente el uso de los recursos destinados a sostener el esquema.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con la eliminación de los precios de referencia para las garrafas, un mercado clave para abastecer a millones de hogares sin acceso a redes de gas natural. Hasta ahora, la Secretaría de Energía fijaba precios máximos para las garrafas con el objetivo de garantizar un abastecimiento regular y combatir el comercio clandestino. En 2024, por ejemplo, esos precios de referencia eran de $10.500 para la garrafa de 10 kilos, $12.600 para la de 12 kilos y $15.750 para la de 15 kilos.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el precio de referencia tenía como función asegurar el abastecimiento a valores accesibles en todo el país y fomentar la inscripción de empresas en los registros oficiales para combatir el comercio informal. Al eliminar esa herramienta, el Gobierno apuesta a que la competencia determine los precios finales, aunque especialistas del sector advierten que en algunas regiones aisladas o de menor volumen de demanda podría haber menos opciones y precios más altos, lo que plantea el desafío de garantizar el abastecimiento equitativo.

Finalmente, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) alertó sobre el contexto complejo que atraviesa el mercado por la fuerte ola de frío polar que elevó la demanda de garrafas, especialmente en zonas rurales y ciudades del interior con problemas en el suministro de gas natural.

En un comunicado, CEGLA detalló que el sector está operando al máximo de su capacidad para sostener el abastecimiento residencial e industrial, reforzando la distribución y coordinando con gobiernos locales. Recordaron además que, según el Censo 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros de GLP como fuente principal de energía para cocinar y calefaccionarse, subrayando la importancia estratégica de este insumo en el invierno más crudo de los últimos años.