Después de casi diez años, este lunes 9 de febrero comenzará el juicio, a puertas cerradas y ante un jurado popular, contra dos policías acusados de abusar sexualmente de dos adolescentes que al momento de los presuntos hechos tenían 15 y 13 años. El debate se desarrollará bajo estrictas medidas de reserva, en virtud de que las denunciantes eran menores de edad y porque la causa refiere a un supuesto delito contra la integridad sexual, motivo por el cual se dispuso el carácter reservado del debate, conforme lo establece la normativa vigente.
Los imputados son el cabo Samuel Enrique Morel y el agente Ezequiel Alejandro García. La acusación está a cargo de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti, mientras que las defensas son ejercidas por los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. La querella es representada por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld.
Ambos imputados se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, informaron fuentes judiciales.
El juez técnico designado para el desarrollo del juicio es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa. Su función será dirigir el debate, resolver las cuestiones procesales y garantizar el correcto desarrollo del juicio por jurados.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en julio de 2016 por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8. El planteo judicial fue por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos chicas que estaban alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Según la acusación original, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.
En un primer momento, la causa tuvo siete policías imputados. Sin embargo, durante el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, dos efectivos fueron sobreseídos y otros tres resolvieron su situación mediante juicios abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia.
Se trató de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, quienes acordaron penas de ejecución condicional. En esos procesos se dejó constancia de que no participaron directamente de los presuntos abusos, aunque se les atribuyó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.
En un principio, dichos acuerdos fueron rechazados por el juez de Garantías N° 5, Mauricio Mayer, quien expresó disconformidad con la calificación legal. Posteriormente, los abreviados fueron homologados tras un cuarto intermedio dispuesto en noviembre de 2017.
En marzo de 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra el cabo Morel como autor de uno de los abusos. La decisión se basó en que la adolescente de 15 años nunca realizó una denuncia contra el efectivo y, en reiteradas oportunidades, afirmó que no había sido abusada.
De este modo, Morel continúa vinculado a la causa, pero ya no como autor directo, sino como partícipe necesario o primario del hecho que se atribuye a otro imputado. El magistrado tuvo especialmente en cuenta que la supuesta víctima ratificó ante la Justicia que no deseaba formular denuncia alguna, informó Elonce.
El caso tomó estado público luego de que la adolescente de 13 años concurriera al hospital San Roque de Paraná con lesiones compatibles con un abuso sexual, lo que motivó la intervención policial y judicial. A partir de ese hecho, todos los efectivos que prestaban funciones en la Guardia Especial del ex Ferrocarril fueron pasados a disponibilidad y posteriormente separados de la fuerza.
Los policías involucrados, de entre 25 y 40 años, cumplían tareas de apoyo en espectáculos y eventos deportivos y dependían de la Jefatura Departamental Paraná.
Fuentes judiciales señalaron que el proceso estuvo marcado por controversias, en especial por la continuidad de la acción penal en uno de los casos sin una denuncia expresa de la presunta víctima. Incluso se plantearon cuestionamientos sobre la base probatoria utilizada para sostener la acusación.
El juicio que se inicia este lunes buscará determinar las responsabilidades penales de los dos policías que llegan a debate, en una causa que lleva casi una década de tramitación.
