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En un fallo de gran trascendencia para la justicia entrerriana, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó este miércoles a 18 integrantes de dos organizaciones criminales que operaban desde el interior de establecimientos penitenciarios entrerrianos.
La sentencia a la que accedió Ahora fue dictada por el juez Federal Sebastián Gallino, tras la presentación de un juicio abreviado. La acusación estuvo a cargo del Fiscal General José Ignacio Candioti, acompañado por el fiscal auxiliar Juan Podhayny.
La investigación realizada por el juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, reveló la existencia de dos estructuras paralelas: el “Clan Millen”, con base en Paraná y Gualeguay, que funcionaba desde la Unidad Penal N° 7 y se apoyaba en vínculos familiares directos; y el “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, con epicentro en Victoria y la Unidad Penal N° 5, liderado por Jonathan Luque, quien desde su lugar de detención coordinaba la adquisición, ingreso y venta de estupefacientes.
La policía provincial demostró en la investigación que el grupos liderado por Juan Alexis Millen, operaba en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N°7 (de Gualeguay). El otro grupo, liderado por Jonathan Luque, quien operaba en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N°5.
El tribunal impuso penas que van desde los 3 años condicionales hasta los 6 años y medio de prisión efectiva, además de multas que superan los 7 millones de pesos en los casos más graves. Entre las condenas más relevantes se destacan:
Otros integrantes recibieron penas de entre 3 y 5 años, algunos en modalidad condicional o domiciliaria, como Mirta Alejandra Rossi y Jackeline Nicole Rossi. El tribunal también ordenó el decomiso de dos vehículos utilizados para el transporte de drogas: un Volkswagen Gol y un Fiat Siena.
La sentencia rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las multas solicitado por la defensa y dispuso que los bienes decomisados sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo marca un precedente en la provincia al desarticular dos organizaciones que, pese a estar dirigidas desde establecimientos penitenciarios, lograron articular redes de distribución en varias ciudades entrerrianas. La justicia federal subrayó la gravedad de que los líderes utilizaran su condición de detenidos como plataforma para coordinar el comercio ilícito.
Ambas estructuras presentaban jerarquías definidas: mientras el “Clan Luque” mostraba una organización más detallada en cuanto a roles específicos, el “Clan Millen” se caracterizaba por una fuerte dependencia de los lazos familiares. En ambos casos, la coordinación desde el interior de las cárceles fue clave para sostener la actividad delictiva.
