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“Es un momento muy tenso y hoy quedó reflejado. Hay mucha bronca porque no aparece nada para pensar en un camino sin conflictos”, expresó este martes 9 de febrero el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado al término del plenario que convocó a la dirigencia provincial y el consejo directivo. Ante la consulta periodística, desestimó que alguno de los problemas puedan vincularse a los efectos de la pandemia. En cambio, los atribuyó a “definiciones políticas”.
“Hay mucha bronca porque no aparece nada para pensar en un camino sin conflictos”, dijo Muntes luego del plenario.
En el contexto provincial, con impacto directo sobre los trabajadores por lo menos hay tres frentes de conflictos: la situación salarial con una propuesta oficial de incremento que fue declarada insuficiente; la obra social en conflicto con la Federación Médica que implica el corte de servicios para los afiliados, y la aplicación extraordinaria de aportes sobre los haberes de activos y pasivos para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Este martes, el Consejo directivo provincial de ATE, ratificó el rechazo al 15% propuesto por el Ejecutivo provincial y que está a la espera de una nueva propuesta. Asimismo, se resolvió acompañar la próxima reunión paritaria con una movilización provincial y realizar actividades en las distintas reparticiones provinciales.
En materia salarial ATE demanda “actualización salarial de acuerdo a la inflación 2020 (36,1%) y que trimestralmente se actualicen según la inflación emitida por el INDEC. Además, que los adicionales percibidos por el COVID – 19 se integren definitivamente al salario y desde el mismo la actualización salarial correspondiente, no condicionando los mismos a presentimos. En vistas de ir disminuyendo las asimetrías entre trabajadores del mismo escalafón y también respecto de otros escalafones, propone reformular las bases de cálculo de los adicionales salariales que operan bajo los Decretos 449/00 y 2.505/04, sus complementarios y normas que extendieron su aplicación. Por último, actualización automática del salario familiar con respecto a lo decretado por el Gobierno Nacional (año 2020 no hubo actualización)”.
Con respecto a la “gravedad” de la situación por la que atraviesa la obra social provincial, se resolvió “solicitar una reunión urgente con el directorio del Iosper, para que en su carácter de responsable de la salud de miles de trabajadores y sus familias, den cuentas de lo que está ocurriendo”. En la declaración, la organización manifestó que “no avalamos ningún tipo de intervención, ni avalamos la extorsión de la corporación médica. Entendemos que la salud de los trabajadores entrerrianos es más importante que intereses sectoriales, pero hacemos responsable al Directorio de resolver la situación actual”. En caso de no tener una respuesta el Consejo Directivo Provincial quedó facultado para determinar medidas de fuerza.
Analizando la situación, Muntes comentó a El Diario que “a este tema lo vivimos muchas veces y es importante tener por parte del Directorio una definición”.
Con respecto a la Caja de Jubilaciones, declaró el “estado de alerta, ante el avance contra los derechos de los trabajadores desde el año pasado” ya que “por la ley de Emergencia se le aplican descuentos a los trabajadores activos y pasivos, con el argumento del supuesto déficit del sistema previsional provincial, lo que viene acompañado de rumores de armonización”, advirtió.
Al margen
UPCN, que rechazó la propuesta salarial a la que definió “insuficiente” al igual que las demás organizaciones, está realizando reuniones a lo largo de esta semana, con los cuerpos de delegados de distintos sectores. La organización está evaluando la realización de medidas de fuerzas para mediados de este mes ante la situación: “el gobierno no ha convocado todavía para la próxima reunión”, destacaron.
