“Tomé esta decisión luego de enterarme por colegas de Entre Ríos lo que estaba sucediendo con Urribarri, que es una verdadera aberración jurídica”, afirmó el abogado al anunciar que asumirá por primera vez la defensa en un caso que concierne a un político.

Fernando Burlando había viajado recientemente a Entre Ríos para intervenir como querellante en la investigación de la muerte de la joven Berenice Gonzálvez en la localidad de Victoria. Fue allí que recibió información de primera mano sobre las causas contra Sergio Urribarri, ex gobernador justicialista de la provincia (2007-2015) y ex embajador en Israel del gobierno de Alberto Fernández.

Ahora, el abogado penalista anunció su decisión de asumir la defensa del ex mandatario quien, en su opinión, “ha sido sometido a un escuadrón de fusilamiento judicial, político y mediático, con investigaciones y juicios plagados de arbitrariedades”. “Hay una clara y notable persecución política a Urribarri”, remató.

Esta es la primera vez que Burlando defiende a un dirigente político y en respaldo a su decisión, afirma: “Se han violado garantías constitucionales atentando contra el Estado de Derecho, lo cual resulta absolutamente preocupante y exige acción inmediata”. A modo de ejemplo, detalla que, en una de las causas que involucran a Urribarri, se hicieron allanamientos sin testigos presentes y con actas truchas que fueron convalidadas por el tribunal de sentencia e increíblemente ignoradas por la supuesta revisión de la Cámara de Casación Penal, entre otras tantas barbaridades”.

“También hubo pseudo pericias a cargo de agentes de la Fiscalía que se hicieron pasar por peritos, violando manifiestamente lo que dispone el Código Procesal Penal y se trabaron embargos por sumas exorbitantes sin ningún tipo de fundamento jurídico y con el único fin de generar un impacto mediático”, siguió diciendo el abogado. Argumentó que “se rechazaron in limine todos los planteos defensivos previos al inicio del juicio sin atender sus fundamentos, con total arbitrariedad”. “Y como si esto fuera poco, en el juicio no hubo ni una sola prueba que involucrara a Urribarri en los hechos que se le endilgaron y aún así lo condenaron”, agregó.

“Actualmente en esa causa se está a la espera de que por primera vez Urribarri sea escuchado por un tribunal imparcial, ya que tanto el tribunal de juicio como el de casación fueron cuestionados por la defensa con sobrada fundamentación”, aseveró.

Burlando aludió así al juicio contra el ex gobernador que se inició a fines de septiembre de 2021 y culminó con su condena a mediados de marzo de 2022, conocido como la Megacausa porque tuvo como eje cinco investigaciones por el supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares.

La Fiscalía entendió que la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015, la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur (Paraná, diciembre de 2014) y la publicación de una solicitada contra los “fondos buitres” eran montajes para derivar recursos del Estado a la campaña con la cual Urribarri buscaba posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación. Otro señalamiento fue el de haber montado un esquema de supuesta cartelización de publicidad en vía pública en favor de empresas que la Justicia entendió eran operadas por testaferros de un cuñado del entonces gobernador. Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello, publicó Infobae.

Esta condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue confirmada en mayo de 2023, por la Cámara de Casación de Entre Ríos.

Consultado acerca de sus razones para afirmar que este es un caso de persecución política, Burlando sostiene: “Podría enumerar una infinidad de vicios que existen en las investigaciones y que son cuestiones técnicas que me llevaría todo un día desarrollar. Se cometieron actos que van en contra de fallos históricos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana como son el fallo Halabi y el caso Escher. Incluso llevaron a cabo un juicio con la ausencia de uno de los imputados que se encontraba en terapia intensiva”.

Pero el penalista denuncia también hechos que le llamaron mucho la atención y que van más allá del plano jurídico: “A Urribarri se lo investiga por enriquecimiento desde hace 9 años. ¡9 años! Si eso no es parrilla... Y como si eso fuera poco, habiéndose cerrado la investigación a fines del año pasado, se hicieron allanamientos, embargo de bienes y secuestros un 23 de diciembre a Urribarri, a otros imputados e incluso a personas que no se encuentran investigadas. Una aberración y un ensañamiento grosero e ilegal. Ilegal porque los abogados defensores todavía no han podido acceder a los fundamentos de los allanamientos resueltos por el juez de garantías Elvio Garzón”.

Y agrega: “Es el mismo juez que integró el tribunal que condenó a Urribarri en una de las causas y que en otra revocó un sobreseimiento resuelto en su favor”.

En cuanto a la condena contra el ex mandatario entrerriano, Burlando sostiene que “fue dispuesta por un tribunal formado por tres jueces que previamente fueron fiscales” y que “el tribunal de Casación que confirmó la condena había mostrado previa y públicamente su parcialidad cuando los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite firmaron una nota emitiendo opinión y vinculando el jury a una funcionaria judicial con las causas de Urribarri”.

También cuestionó el nombramiento de la jueza Bruzzo en reemplazo de Perotti, que se jubiló. “Bruzzo es esposa de un conocido dirigente de Juntos por el Cambio, Juan Ruiz Orrico [ex candidato a intendente de Concepción del Uruguay), quien se ha manifestado expresamente en diversas oportunidades en contra de Sergio Urribarri tratándolo de corrupto. Y la jueza Badano es la esposa del procurador Jorge García”, denunció Burlando.

Por último, señaló otras cosas que considera irregulares: “El juez Ricardo Bonazzola que intervino como juez de garantías en uno de los procesos, no cumplió con su función de garantizar la limpieza del proceso y descartar toda prueba considerada ilegal, y una vez finalizada su intervención, se jubiló. Lo mismo sucedió con el juez José María Chemes, presidente del tribunal de juicio que a las ocho semanas de condenar a Urribarri recibió su jugosa jubilación, no sin antes colocar en el Ministerio Público de la Defensa, a su hijo Nicolás, quien también disfruta de un jugoso sueldo, sin concurso ni mérito alguno”.

Para Burlando, todo esto configura un accionar de “casta”. Lo califica de “aberración” y lo describe como “una secuencia de pelotón de fusilamiento” y “un verdadero linchamiento judicial y mediático”.

El penalista está ahora abocado a estudiar todas las conductas que considera deberían ser revisadas y a analizar en profundidad las causas del ex gobernador, antes de hacer efectiva su intervención en los tribunales provinciales en defensa de Sergio Urribarri.

Cabe recordar que el ex mandatario está además procesado por supuesto pago de coimas (negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública), causa por la cual el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de 10 años de cárcel. El pasado 13 de marzo comenzaron las audiencias para la remisión a juicio de esta causa, que tiene también como imputado al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros.

Finalmente, Sergio Urribarri está también procesado por enriquecimiento ilícito pero la causa se encuentra aún en etapa de investigación.