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El artículo 4º del proyecto de ley que elaboró el diputado del Bloque Juntos por Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, propone que se prohíba “en todo el territorio provincial, la interrupción, suspensión o restricción del servicio vital de agua por falta de pago en predios destinados a la vivienda”. El proyecto, que ingresó este martes a la Cámara de Diputados, propone también en el artículo 6° la eliminación de “todo gravamen fiscal sobre el suministro de agua y saneamiento a toda vivienda familiar única del propietario y/o sus derechohabientes, de menos de 100 m²”.
En los fundamentos, Rossi señaló que “se declara el acceso al agua potable limpia y al saneamiento como derechos humanos porque estos resultan esenciales para la vida, la salud y la dignidad de toda persona” y añadió que “también son indispensables para reducir la pobreza, tal como lo afirma el prestigioso movimiento global Oxfam en su sitio web: ‘El acceso al agua potable también está profundamente relacionado con la pobreza. La escasez de agua y su mala calidad, así como los sistemas de saneamiento inadecuados, afectan negativamente a la seguridad alimentaria, los medios de vida y las oportunidades educativas de las familias pobres en todo el mundo…’” .
El autor destacó que “en el caso de Entre Ríos, por primera vez en la historia de la provincia se presenta un proyecto con este enfoque” y agregó que en la Constitución de la Provincia ordena en el artículo 85 que “el agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso”.
También destacó que la Carta Magna entrerriana determina que “el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado. Los usuarios tendrán participación necesaria en la gestión…”.
Rossi precisó que “el objetivo de este proyecto de ley, entonces, es garantizar el acceso al agua potable y saneamiento, más allá de las posibilidades económicas que tengan las y los ciudadanos” y aclaró que “lejos está este proyecto de incentivar el incumplimiento de las obligaciones de abonar el suministro de agua, ya que es sabido que se requieren grandes inversiones tanto para el mantenimiento del servicio, como para futuras ampliación de la red”. Así, el autor destacó que “lo que se busca, sin embargo, es proteger a los sectores sociales más desfavorecidos que no pueden hacer frente al pago de servicios esenciales por culpa de la crisis socioeconómica que estamos viviendo”.
APFDigital
