La Justicia penal de Entre Ríos investiga por estas horas una presunta estafa piramidal que habría afectado a más de 50 personas por un total que supera los 10 millones de dólares. Por el supuesto delito, hay tres apuntados, uno de los cuales fue entrenador de la selección argentina de softbol que obtuvo el título mundial en 2019 y luego funcionario de Paraná.

El mecanismo fue innovador: no solo tomaban pesos o dólares de los inversores. También aceptaban vehículos y propiedades. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales del 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800. Para lograr ese rendimiento con bonos del Tesoro de Estados Unidos se requiere una década.

“Ofrecían a quienes tuvieran un auto o una propiedad que los lleven. Les prometían un canon mensual y que al cumplirse el plazo recibirían el valor del bien. Pero no les pagaron nunca. Cuando llegaba la hora de cobrar, los pateaban para adelante o les ponían la excusa de que había que anunciar (el retiro del capital) con meses de anticipación. Los iban pedaleando hasta que no aguantó más y explotó”, le narró a Infobae Claudio Berón, representante de las víctimas.

En la operatoria apelaron a instrumentos como contratos de mutuo y pagarés. Hasta el momento están involucradas tres personas: los hermanos Andrés y Julio Gamarci y Matías Santamaría. Son gente conocida en el mundillo comercial de Paraná, donde centraron las transacciones. Los dos primeros están a derecho. El tercero, a quien se identifica por la vida de lujos que llevaba y ostentaba en redes, desapareció del mapa hace un mes y medio

Julio Gamarci es abogado y fue hasta marzo de este año entrenador de la selección nacional de softbol que obtuvo un título mundial en 2019 y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima del mismo año. Además, fue designado subsecretario de Deportes durante la gestión del intendente Adán Bahl (2019 - 2023).

“Los mutuos eran firmados por Santamaría. Pero en muchos casos usaban la máscara de SAS (sociedades de acciones simplificadas, o de cómodo en la jerga) llamadas Fanmar y Jifa. En el último tramo, el que tomó la posta de Santamaría, que desaparece, fue Julio Gamarci. La operatoria duró 4 años, más o menos. Paraná es un pueblo grande y la confianza fue lo que operó a favor de ellos”, evaluó el abogado.

A primera vista, el mecanismo no requería que los inversores tuvieran que recomendar o llevar a nuevos clientes. Pero hubo casos en los que ofrecían una ganancia extra a quienes arrimaran personas con dinero o bienes para invertir.

En el día a día, utilizaron oficinas en el centro de la capital entrerriana. Y también en un supermercado tradicional, que sería propiedad de una sociedad que tiene a parte de los involucrados como socios. Estas locaciones, el estudio de los Gamarci y casas que estaban a su nombre fueron allanadas en los últimos días. El fiscal que interviene es Santiago Alfieri.

La punta del hilo de la historia llegó cuando un grupo de personas que habían colocado bienes en el sistema observaron que los financistas “estaban vaciando las empresas por problemas financieros”, señaló Berón. Uno de los afectados había entregado dos vehículos que debían ser vendidos y capitalizados. Pero la transacción no se produjo. Y tampoco se los devolvieron.

Al grupo inicial de estafados se fueron sumando otros. La cadena se hizo de la misma manera en que se llegó a la cueva financiera: boca a boca. En las versiones que circulan en Paraná, se menciona una cifra superior a los 10 millones de dólares y un universo de afectados cercano a las 50 personas.

Muchas víctimas, sin embargo, no llegarán a reclamar ante la Justicia su dinero y sus bienes. “Hay gente que no denunciará porque invirtió plata en negro y tienen miedo a la AFIP. Se habla de inversiones de hasta 2 millones de dólares”, consignó Berón.

El sistema entró en crisis entre junio y agosto. En ese lapso “se empezaron a atrasar con los pagos”.

“Ponían excusas y pagaban menos de lo que debían. Cuando (las víctimas) querían retirar el dinero les decían que tenían que renovar por 6 u 8 meses. Estaban tratando de ganar tiempo. Pero hubo gente que les dijo no, se hizo una bola y comenzaron las denuncias”, relató el letrado.

Berón señaló que es probable que se puedan sumar más involucrados a los tres que están investigadas en este momento. También está bajo la lupa una cuarta persona. Se trata de uno de los socios del supermercado que era la base de operaciones de la maniobra.