El Gobierno tiene listo un decreto con el que dará inicio al proceso de licitación de la principal ruta del Mercosur, estratégica para el comercio en la Argentina y apuntada por empresarios por su estado actual. La publicación en el Boletín oficial estaba prevista para diciembre pasado pero finalmente se conocerá en las próximas horas, según contaron a Infobae fuentes oficiales que le dieron carácter de “inminente” a la publicación de la norma.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía,había publicado en noviembre del año un cronograma en el que detallaba que el proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 675 kilómetros de extensión.

Se trata de un primer paso en un camino por avanzar en la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas; en muchos casos sin adjudicar o a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. Representa el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentra el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado, estimado oficialmente, equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.

La convocatoria para esta etapa estaba prevista para diciembre, con fecha original para la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025. El día 9 de ese mes vencerá el contrato de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa concesionaria desde 1990 y que demandó al Estado por incumplir con ajustes de tarifas y la renegociación del contrato desde 2009.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó este miércoles un comunicado en el que daba su acompañamiento a la Federación Económica de Corrientes (FEC) en el pedido a las autoridades nacionales de ejecutar reparaciones necesarias en esos tramos del Corredor 18.

“El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales. Es indispensable que las rutas 12 y 14 sean transitables y seguras, lo que conllevará un impacto positivo en el desarrollo productivo, turístico y social de las provincias comprendidas”, sentenció CAME.

La empresa CRUSA sostiene que el atraso tarifario no permitió el adecuado mantenimiento de los caminos y ahogó a la firma financieramente. Recientemente homologó un acuerdo con la mayoría de sus acreedores tras presentar un proceso preventivo de crisis. En el Gobierno señalan que se avanzará en la nueva licitación, por lo que no se renegociará el contrato actual, y que habrá nueva concesionaria de las rutas a partir del 10 de abril.

Una vez llamada la licitación para esos 675 kilómetros, se iniciará una segunda etapa mucho más ambiciosa, que incluye la privatización de las concesiones 8.470 kilómetros de rutas y autopistas actualmente gestionados por Corredores Viales, empresa estatal que quedó sujeta a privatizaciones en la Ley Bases. A esto se suman otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos, el llamado a licitación está previsto para febrero y su adjudicación para julio de 2025.

El Gobierno licitará en total 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado ni tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.

El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se indexarán según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, aunque las fuentes no quisieron dar más precisiones. De todos modos, habría un período de puesta en valor de rutas y autopistas durante el primer año de la concesión y desde el segundo iniciará el cobro de tarifas.

El rol de Vialidad Nacional será clave en la supervisión de las concesiones, ya que el organismo actuará como ente de control y se encargará de auditar el estado de las rutas y de verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. A través de inspecciones regulares, se medirán parámetros como el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales para la seguridad y transitabilidad.