"Mabel Bin está en la casa de su hermana en Paraná. La tienen secuestrada, no la dejan recibir llamadas ni visitas. Esta mañana llamó pidiendo auxilio, que por favor la fueran a rescatar". La información estaba escrita de puño y letra en un papel que dejaron en la Fiscalía de Nogoyá, el 4 de agosto del año pasado. Y confirmaba el rumor que circulaba en esta localidad y que de oficio era investigado por Federico Uriburu.

Días después, la Policía allanó la vivienda ubicada cerca del centro de la capital provincial y ni bien entraron los uniformados, escucharon los gritos de la mujer de 83 años pidiendo auxilio. La pesquisa descubrió un presunto plan de la hermana y la sobrina de la víctima, con el asesoramiento de un abogado comisario de Paraná, para quedarse con la fortuna que Mabel heredó de su marido. La mujer se había casado hace muchos años con un terrateniente y hacendado de Nogoyá, de apellido Mihura, con quien no tuvo hijos.

En 2014 el hombre falleció y ella heredó muchas propiedades rurales, viviendas y vehículos, entre otros bienes. La edad no afectó su lucidez, pero fue engañada por sus seres de mayor confianza, por su sangre, para hacerse de semejante capital.

Recientemente, el jueves fueron imputadas dos personas por el fiscal Uriburu: la sobrina de la víctima, y un abogado que también es integrante de la Policía de Entre Ríos. Resta imputar a la hermana de la anciana, quien no se presentó a declarar esgrimiendo razones de salud.

El plan delictivo, según la acusación pública, comenzó en la Semana Santa del año pasado. Mabel fue invitada por su hermana y su sobrina a pasar las Pascuas en Paraná. Fue, pero no la dejaron volver. Para esto, al principio la mantenían engañada, luego le quitaron la medicación que estaba tomando, la alimentaban mal, con el fin de quebrar su voluntad y amenazarla para poder avanzar sobre los bienes. Mabel estuvo en cautiverio en la casa de calle Mendoza 133, a pocas cuadras del centro cívico de la capital provincial. 
Pasaban las semanas y algunos en Nogoyá comenzaban a hablar por lo bajo sobre la situación extraña que estaría pasando la mujer. El rumor llegó a oídos del fiscal, quien comenzó a averiguar, pero se sentía el temor de dar información debido a las personas que estaban implicadas en el secuestro. Por esto eran pocos los datos reunidos al principio, hasta el momento en que apareció la nota anónima en la Fiscalía, lo que permitió abrir formalmente la investigación por Privación Ilegítima de la Libertad. Ese día, Mabel logró sacarle el celular a una empleada que trabajaba en la casa y se comunicó con una amiga de Nogoyá, quien se cree que sería la autora de la carta. Una vez que fue corroborado el domicilio de la hermana de la secuestrada, donde vivía su hija, Uriburu solicitó al fiscal en turno de Paraná, Juan Francisco Ramírez Montrull, que pida la orden de allanamiento al Juzgado de Garantías. El mismo fue otorgado de inmediato ante la gravedad de la situación que se sospechaba. La misma tarde del 4 de agosto los uniformados irrumpieron en la casa de Mendoza 133 junto a un delegado judicial. Cuando Mabel los escuchó, comenzó a gritarles que por favor la saquen de allí. Esta circunstancia corroboró las sospechas, y se dio intervención a un médico forense, quien la revisó para constatar su estado de salud. Uno de los hijos del marido de la mujer viajó a Paraná para buscarla y llevarla de regreso a su vivienda. Fue el final de más de dos meses del cautiverio sufrido por Mabel, quien desde el principio acusó a su hermana y su sobrina, las personas que eran de su mayor confianza, por haberlas secuestrado. Luego, en la investigación se pudo corroborar que parte del plan había sido concretado. Le hicieron firmar a Mabel un poder donde le otorgaba a la sobrina y hermana, amplias facultades para disponer de sus bienes. Todo bajo el asesoramiento legal de un abogado. En ese lapso, lograron hacerse de un auto VW Fox y una camioneta Nissan Frontier, que enajenaron y ocultaron en un domicilio de Paraná. Los mismos fueron recuperados en enero, narró el informe de Uno.
 
Aquí las miradas comenzaron a apuntar también sobre quien dio fe del acto de traspaso de los bienes: una escribanía de la capital provincial. La escritura fue realizada ante una escribana adscripta, es decir, no la titular del registro, quien posee las mismas facultades para tal tarea. La misma podría quedar implicada penalmente, mientras que a la dueña del estudio le cabría algún tipo de responsabilidad. Con las principales imputaciones concretadas, la causa avanzará en la búsqueda de más evidencias para luego buscar juzgar a los que participaron de la trama oscura y codiciosa
 
Los graves delitos por los que podrían ir a prisión
La sobrina y el abogado fueron imputados por delitos que podrían implicar una pena de prisión efectiva. Se trata de Privación ilegal de la libertad, agravada por varias causas contempladas en el Código Penal: la duración del secuestro fue mayor a un mes; y la relación familiar con la víctima. Además, la situación del profesional es más complicada aún, debido a su condición de policía y de abogado. Es decir, se le suma la acusación por el delito de Incumplimiento de deberes de funcionario público.