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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció hoy la existencia de “una de las investigaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia” y responsabilizó al kirchnerismo de estar detrás de una maniobra destinada a “provocar caos social y dañar al Gobierno en plena campaña electoral”.
En un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria advirtió que tanto la Casa Rosada como la Presidencia de la Cámara de Diputados “habrían sido infiltradas con filmaciones clandestinas, guardadas hace un año y lanzadas como un misil político en plena campaña electoral”.
“Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina. Grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral. Digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás”, sostuvo Bullrich.
La ministra recordó lo ocurrido en 2017 con la desaparición de Santiago Maldonado y lo comparó con la situación actual: “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días ante una de las mentiras más graves que se recuerde en la democracia. Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto”.
Bullrich acusó al kirchnerismo de “operar desde la cloaca de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros sembrando odio”, y señaló que “esta vez llegaron más lejos que nunca: esto es un ataque frontal a la República”.
“Los audios difundidos lo confirman. Una gravedad inédita en la democracia argentina. Su método está claro: una extorsión política”, afirmó, y advirtió que el objetivo de la maniobra es “crear un clima de sospecha, desinformar y manipular en un contexto electoral”.
En esa línea, criticó a sectores del periodismo: “Algunos se hacen llamar periodistas pero son agentes partidarios encubiertos. Esta operación no busca decir la verdad sino sembrar la mentira”.
Por último, Bullrich subrayó que el Gobierno “no se va a arrodillar frente a las mafias y lo peor de la política”, y cerró con un mensaje tajante: “Nadie está por encima de la ley, nadie. Tenemos un lema y lo vamos a hacer respetar: el que las hace, las paga. Ningún gobierno responsable puede elegir la inacción ante la posibilidad de que se haya grabado a un funcionario de primera línea en Casa Rosada y el Congreso de la Nación”.
