Encaminan el pedido de Juicio por la entrerriana que quedó sin caminar tras una agresión policial

La incapacidad física de una mujer, devenida luego de una pueblada en Colón, es una consecuencia que se le atribuye a las heridas y lesiones provocadas por el accionar de un funcionario policial. La Investigación Penal Preparatoria se encuentra en su fase final y derivaría en sentar en el banquillo al acusado, con la expectativas de máximas penas. Asimismo, se avisora un reclamo al Estado -que sería millonario- por el perjuicio causado en la ciudadana.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el abogado querellante Martín Jáuregui, dió cuenta del actual estado de salud de su representada: "Tuvo 3 intervenciones quirúrgicas y quedó discapacitada. Técnicamente tiene una incapacidad total y permanente de su pierna, con un pronóstico aún indefinido, porque no se sabe cómo va a terminar exactamente. Pero en definitiva, clínicamente no pudieron revertir su cuadro como para que vuelva a caminar".   

Las circunstancias

A modo de contexto, el letrado recordó: "El 18 de marzo del 2025, se generó una congregación de personas, que a modod de manifestación reclamaban exaltadamente que se retirara del lugar un ciudadano, a quien se lo acusaba como el autor de delitos contra la integridad sexual de una menor, quien lamentablemente se había suicidado. Algunos lo insultaban e intentaban agredirlo hasta que con gas pimienta y otras acciones policiales, la multitud se comenzó a dispersar. La reacción ya estaba prácticamente diluída, cuando el funcionario policial que denunciamos, efectuó un disparo con su arma -tipo escopeta-, impactando 5 postas de goma en la pierna de la señora Nilda Mabel Viollaz, mi representada como querellante particular. Queda claro que este sujeto ingresa a destiempo en ese contexto, con acciones violentas cuando ya no había ningún valor jurídico que proteger ni nadie a quien cuidar, porque ya estaba todo resuelto. Fueron disparos a muy corta distancia, a unos tres metros -centímetro más o centímetro menos-. Esto le causa lesiones de carácter grave en la rodilla, presión oclipea, afectando el paquete vásculonervioso del miembro derecho; por lo que debió ser intervenida de urgencia, en aquel momento con riesgo de vida, cirugías que demandaron varias horas por la complejidad; porque hubo una hemorragia realmente imparable, que afortunadamente pudieron contener. Pese a los meses transcurridos, no hay tratamiento que le haya devuelto la posibilidad de caminar".

"No creo que lo que pasó haya sido enmarcado en una directiva, y menos considerando que el mismo sujeto tiene antecedentes de comportamientos que se asemejan; pero igualmente cuando uno toma nota de las conductas de la Superioridad, se ponen dudas", apuntó el letrado y agregó: "Después que pasó el hecho, el Jefe Departamental Colón se puso a defender el procedimiento. Un procedimiento indefendible. Lo vivo como un retroceso institucional. Y lo digo lamentándome, desde una mirada constructiva, sin ningún interés político, porque va más allá de las gestiones y los partidos de turno. Están faltando mejores niveles de formación y profesionalismo de las fuerzas de seguridad de la provincia. Si hubiera gente preparada y los test psicofísicos se hicieran correctamente, más exhaustivos, no deberíamos los ciudadanos exponernos a estas situaciones".

La causa hoy y las pruebas que complican al efectivo policial

Jáuregui afirmó que "la conducta encuadra -a nuestro criterio-, con los delitos de Lesiones Graves Calificadas, por ser cometida por un miembro de la fuerza de seguridad, en Concurso ideal con Abuso de autoridad. Consideramos que este efectivo de la Policía de Entre Ríos protagoniza la autoría material. El escenario en que nos encontramos a la fecha, es una Investigación Penal Preparatoria muy avanzada, casi por ir a Juicio. Ahora tendremos una pericia en estos días, para determinar el ángulo de ingreso de las postas y ya hay condiciones para pedir la elevación a Juicio en este momento".

Quien trabaja junto al Ministerio Público Fiscal en reclamo y resguardo de los derechos de la víctima, agregó: "La querella ha recolectado muchos testimonios. La Defensa intentó 'embarrar un poco la cancha' respecto a algún testimonio que quisieron teñir de dudas. A mi modo de ver, no lo podrán concretar, porque después de contundentes testimoniales a las que se llegaron, se ratifican con pericias, que dan cuenta de la veracidad de los relatos.Se ve corroborada, ratificada -y no por una, sino por múltiples pruebas-, las testimoniales reunidas. El plexo probatorio es suficientemente homogéneo y contundente, no hay misterios".

Errores en el desempeño de la función pública, los paga el pueblo

"Cada abuso de autoridad, cada lesión grave calificada, por ser en ejercicio de las funciones, las tiene que pagar la gente, los contribuyentes, en la figura del Estado que nos representa", afirmó el profesional de la abogacía, con 37 años de trayectoria y quien ha obtenido un buen número de sentencias favorables en casos similares.

Desde esa perspectiva del derecho, explicó: "Una vez que se demuestra la autoría penal, además del condenatorio particular, la Provincia no tiene como disfrazarse para defenderse de la responsabilidad que tiene respecto de las consecuencias en la víctima. Esta mujer tiene un enorme daño moral y no es exageración, es demostrable y lo veo, cómo este hecho ha cambiado su vida, su relación con el ambiente, ni más ni menos que la movilidad. Quedó en silla de ruedas, no puede trabajar más, no tiene ayuda de ningún tipo del Estado. Sus proyectos terminaron, su vida quedó arruinada literalmente. Obviamente que hay que reclamar un resarcimiento y no será al efectivo policial, sino al Superior Gobierno de la Provincia. Después de la condena penal, viene la condena civil, que seguramente la pagará el próximo gobierno, o alguno que venga, pero el momento llegará".

Expectativas penales

"No me quiero adelantar, porque hay también otras causas en marcha sobre el mismo imputado, en la misma jurisdicción, por apremios ilegales, lesiones, y demás. Unificado todo, eventualmente podría haber una pena de prisión efectiva; y seguro, una incompatibilidad con la función pública. Entiendo que estamos frente a un hecho grave y que amerita un pedido de pena de prisión efectiva bastante largo. La calificación es provisoria, se puede perfeccionar, pero por ser un miembro de la Fuerza de Seguridad Provincial y considerando Abuso de Autoridad, con esto solo ya tenemos un rango de pena elevado.