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La Municipalidad de Rosario reglamentó el nuevo sistema para disponer de los vehículos abandonados en los corralones municipales, una medida que habilita no solo su compactación, sino también su reutilización, asignación a áreas del Estado, entrega en comodato a entidades sin fines de lucro y venta mediante subasta pública. El decreto, firmado por el intendente Pablo Javkin, pone en marcha el artículo 75 de la ordenanza que consagra la autonomía municipal y establece un procedimiento detallado para cada caso.
La nueva reglamentación dispone que cada vehículo secuestrado deberá ser identificado, fotografiado y registrado al momento de ingresar al depósito. Además, antes de definir su destino, el municipio deberá verificar la titularidad en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), constatar si existe algún interés judicial sobre el rodado y notificar a sus propietarios. Si vencidos los plazos legales nadie reclama el vehículo, será considerado abandonado.
En los casos de los rodados que conserven valor económico, el municipio podrá venderlos mediante subasta pública, que podrá realizarse de manera presencial o virtual. Previamente deberán confeccionarse inventarios, fijarse un precio base, publicarse edictos y garantizar la exhibición de los vehículos para los potenciales compradores. El dinero obtenido se destinará primero a cubrir los costos de traslado, depósito, multas y gastos administrativos, mientras que el remanente ingresará a las Rentas Generales del municipio.
La normativa también prevé que algunos automóviles o motocicletas puedan ser asignados temporalmente a dependencias municipales o a asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a la salud, la discapacidad o los bomberos voluntarios. En esos casos, la cesión será precaria y revocable, sin transferencia de dominio, y las entidades deberán hacerse cargo del seguro, mantenimiento y demás gastos de funcionamiento.
En tanto, los vehículos que no puedan ser identificados o que no reúnan condiciones para su reutilización continuarán siendo compactados, aunque ahora bajo un protocolo ambiental más estricto que obliga a retirar previamente baterías, fluidos y otros componentes contaminantes. Con esta reglamentación, el municipio busca reducir los costos de almacenamiento, liberar espacio en los corralones y aprovechar aquellos vehículos que todavía puedan tener utilidad o generar ingresos para las arcas públicas.
Cadena 3
