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El Gobierno de Entre Ríos dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra una agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano por presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo y, en ese marco, la intimó a reintegrar más de 36 millones de pesos que, según la administración provincial, fueron percibidos de manera indebida.
La decisión fue oficializada a través de un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la provincia de este jueves 30 de julio.
De acuerdo con la norma, la trabajadora involucrada es M. F. B, quien revista en la Categoría 4 del escalafón Administrativo y Técnico y pertenece a la planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano.
El artículo primero del decreto dispone la apertura de un Sumario Administrativo, que será llevado adelante por la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado.
La investigación administrativa busca determinar las responsabilidades de la agente por "registrar inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo", situación que, según se expresa en los considerandos del decreto, motivó el inicio del procedimiento disciplinario previsto por la legislación vigente.
Asimismo, la norma aclara que, hasta tanto se dicte una nueva reglamentación de los procedimientos sumariales prevista por la Ley Nº 9.755, continuará aplicándose el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 2/70 SGG y sus posteriores modificaciones.
Además de iniciar el proceso disciplinario, el Ejecutivo provincial aprobó la liquidación confeccionada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano respecto de los salarios que considera fueron abonados sin corresponder.
Según establece el decreto, el monto asciende a 36.762.224,21 pesos, suma que corresponde a "haberes percibidos indebidamente" por la agente.
A ese importe deberán agregarse los intereses generados desde el momento en que se produjo la deuda y hasta su cancelación total, calculados conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.
La resolución también dispone la intimación formal a la trabajadora para que reintegre la totalidad del dinero reclamado.
El decreto fija un plazo "perentorio e improrrogable" de treinta días corridos contados desde la notificación oficial para efectuar la devolución de los fondos.
La intimación comprende tanto el capital reclamado como los intereses correspondientes.
En caso de que la devolución no se concrete dentro del plazo establecido, el Gobierno instruyó la intervención de la Fiscalía de Estado para promover las acciones judiciales necesarias con el objetivo de recuperar los fondos públicos.
El artículo quinto del decreto establece que el organismo deberá iniciar las demandas correspondientes para obtener el recupero del monto reclamado, junto con los intereses legales, gastos judiciales y honorarios que pudieran generarse durante el proceso.
La apertura del sumario no implica una sanción definitiva, sino el inicio de un procedimiento administrativo destinado a determinar las responsabilidades de la agente, garantizar su derecho de defensa y establecer, en caso de corresponder, las medidas disciplinarias previstas por la normativa provincial.
Paralelamente, el Gobierno avanzó con el reclamo patrimonial al considerar que existieron pagos de haberes sin causa legítima, motivo por el cual dispuso el recupero de los fondos mediante la vía administrativa y, de ser necesario, judicial.
Con esta medida, la administración provincial formalizó tanto el procedimiento disciplinario como el reclamo económico contra la empleada, en una causa que continuará tramitándose en el ámbito administrativo y que podría derivar en acciones judiciales si no se produce el reintegro de la suma exigida.
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