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De aprobarse, la norma pondrá fin a un régimen especial vigente desde 1965, que contempla para sus beneficiarios un ingreso equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, encabezado por Rogelio Frigerio, en enero de 2024, en el marco de un paquete de proyectos vinculados a la transparencia, la ética pública, el control del gasto y la eliminación de privilegios. En el mensaje enviado a la Legislatura, el Ejecutivo fundamentó la derogación en dos argumentos centrales: que las razones históricas que dieron origen al régimen quedaron desactualizadas, y que su permanencia entra en tensión con los principios actuales de igualdad y ética pública.
El proyecto tuvo un recorrido legislativo más extenso de lo previsto inicialmente: Diputados le dio media sanción en abril de 2024, pero el debate se trasladó luego al Senado, donde uno de los puntos centrales de discusión fue bajo qué condiciones se podían quitar beneficios ya concedidos a exgobernadores y exvicegobernadores. La Cámara alta finalmente modificó ese aspecto y eliminó el artículo referido a las causales de caducidad, por lo que el alcance de la reforma quedó proyectado exclusivamente hacia adelante, sin afectar derechos ya reconocidos. Con esos cambios, la iniciativa regresó a Diputados para completar su trámite.
La particularidad política de esta reforma es que alcanza directamente a quienes la impulsaron. Tanto Frigerio como la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios provinciales en terminar sus funciones sin acceso a este beneficio, pese a que, de no mediar la derogación, ambos hubieran estado en condiciones de acceder a él al finalizar sus mandatos. El propio gobernador había vinculado meses atrás la eliminación de esta pensión con la situación previsional de la provincia, al sostener que, frente a la magnitud del déficit de la Caja de Jubilaciones, correspondía que las máximas autoridades dieran primero ese gesto antes de avanzar sobre modificaciones más amplias del sistema previsional.
La derogación de la Ley 4.506 se enmarca, de hecho, en el proceso más amplio de reordenamiento previsional que atraviesa la provincia, luego de la reciente promulgación de la Ley de Emergencia del Sistema Previsional. El mensaje político que busca instalar el Gobierno es que, si se le exige a la dirigencia y a los trabajadores estatales un esfuerzo para sostener la sustentabilidad del sistema, las máximas autoridades también deben formar parte de ese ajuste.
Con la sanción definitiva prevista para este miércoles, Entre Ríos dejará atrás un régimen especial que estuvo vigente durante más de 60 años, y que a partir de ahora dejará de garantizar automáticamente una pensión vitalicia a quienes ocupen la Gobernación y la Vicegobernación.
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