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Juan Pablo Aguilera y el exgobernador Sergio Urribarri atraviesan una nueva secuela producto de la ejecución de la condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. Hace poco más de una semana se encuentran en prisión junto al exministro Pedro Báez, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazara los últimos recursos defensivos y de ese modo confirmara la condena dictada en abril de 2022 por un tribunal local.
Ahora, en el marco de la ejecución se ordenó el decomiso de los bienes que permanecían inmovilizados. Se trata de los inmuebles, vehículos y dispositivos tecnológicos que constituyeron la empresa Tep SRL, una de las imprentas que tuvo Juan Pablo Aguilera, contratada en variadas ocasiones por parte del gobierno de Entre Ríos cuando estaba a cargo de Urribarri.
Durante el juicio oral que se desarrolló entre 2021 y 2022, que ventiló cinco investigaciones acumuladas por corrupción y se conoció como “megajuicio”, se confirmó que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder político que amasaba su cuñado Urribarri. En efecto, Aguilera consiguió en ese momento un crédito del Banco de Entre Ríos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.
Por aquellos años, además de los buenos negocios que consiguió la imprenta con el gobierno de la provincia y empresarios afines a la gestión política de entonces, la firma se sirvió de la colaboración de agentes públicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el Gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.
La disposición que ordena el decomiso de los bienes, salió del despacho de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial el jueves pasado y fue directo a la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos. El detalle de bienes a confiscar está contenido en el punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022.
Según se lee en ese listado, se ordenó la confiscación definitiva de bienes inmuebles y muebles, titularidad de Tep SRL y de los imputados. Se trata de los galpones de calle Racedo al 400, el fondo de comercio, transportes, elementos informáticos, técnicos, y de comunicación que sirvieron para cometer los delitos, en el marco de la causa N°4.385 conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”.
Los inmuebles quedarán para el Poder Judicial, según la sentencia de 2022; los vehículos serán para la Policía de Entre Ríos; y los elementos informáticos para el Consejo General de Educación (CGE), para ser asignados a las instituciones educativas.
Otros muebles
Cabe señalar que el plotter de impresión se encuentra en la casa de Luciana Almada, expareja de Juan Pablo Aguilera. Almada deberá entregarlo a quien designe la Fiscalía de Estado.
Las condenas por el “megajuicio” alcanzaron al ex gobernador Urribarri con 8 años de prisión. En 2022, después de largos meses de debate y cuando el Tribunal de Juicio que en ese momento fue integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez (jubilado) emitió la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, un rol que le asignó el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Fue el mismo gobierno, en la persona del excanciller Santiago Cafiero, que le exigió la renuncia a Urribarri cuando se conoció la condena.
En el mismo pronunciamiento del Tribunal se sentenció a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri. Pasaron más de cuatro años para que las condenas comiencen a ejecutarse.
Análisis
