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La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora si persiste el incumplimiento.
La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo todavía no dio “cumplimiento total” a la medida cautelar, que se encuentra firme.
En su resolución, el magistrado ordenó al Estado nacional que dé “efectivo cumplimiento” a la cautelar dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial.
La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos de actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La norma tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública.
La intimación había sido solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostiene que el Gobierno no cumplió de manera integral con lo dispuesto por la Justicia.
El conflicto judicial comenzó a fines de 2025, cuando Cormick dictó la medida cautelar a partir de un amparo colectivo presentado por representantes del CIN y universidades nacionales. El planteo cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
La medida fue posteriormente confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio de este año, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno, por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que la cautelar quedó firme.
