Municipio entrerriano denunció que “Nación quita fondos para tratamientos de adicciones”

Entre Rios 26 de agosto de 2018
La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) a cargo de Luciano Grasso, despidió por WhatsApp a 88 profesionales que realizaban trabajo territorial en las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Gualeguaychú informó que afectó a sus trabajadores del Área de Adicciones.
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Desde La Municipalidad informaron que desde el 2011 un grupo de trabajadores llevaban adelante tareas de prevención en el tratamiento de adicciones y salud mental. Esta semana se confirmó, mediante un mensaje de WhatsApp, que desde el 1 de septiembre quedan sin efecto esos contratos.

Desde la aprobación de la nueva ley de Salud Mental había en la Municipalidad trabajadores dedicados a llevar adelante su implementación en la ciudad a través del trabajo de campo que se realiza en los barrios desde los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Esta semana, a través de un mensaje de WhatsApp, se informó que desde el 1 de septiembre esas contrataciones quedarán sin efecto, provocando el abandono desde el Estado Nacional de aquellos vecinos y vecinas a los que la Ley de Salud Mental debe auxiliar.

La Ley de Salud Mental implicó un cambio de paradigma en el tratamiento de las adicciones y la salud mental, y desde el 2011 se trabaja en ese sentido, para que aquellos ciudadanos que lo necesitaran, tuvieran un correcto tratamiento de sus enfermedades, así como se profundizó el tratamiento en la prevención de las adicciones.

Este grupo de trabajadores ahora despedido también se encargaba de que se cumpliera la ley en zonas alejadas de los centros urbanos o en zonas desfavorecidas.

Despedidos en todo el país

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) a cargo de Luciano Grasso despidió por WhatsApp a 88 profesionales que realizaban trabajo territorial en las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

Estos trabajadores de la salud eran los encargados de aplicar la Ley 26.657 de Salud Mental del año 2010, que implicó un cambio de paradigma en las políticas públicas del área y que tuvo una amplia aceptación de todo el espectro político y de todas las áreas de la salud, con esta decisión unilateral miles de personas han quedado sin el derecho básico a una atención primaria en la salud mental.

También es importante destacar que desde enero de este año, los profesionales estaban sin cobrar sus honorarios, y no saben aún qué ocurrirá con los 8 meses adeudados al día de hoy.

En Gualeguaychú, “la Municipalidad se hizo cargo del pago de estos profesionales para garantizar el trabajo que los vecinos y las vecinas merecen tener”, informaron oficialmente.

Asimismo, desde el Municipio alertaron que “el ajuste en Salud, que ya se fue anunciando con el incumplimiento del calendario de vacunaciones, el cierre y recorte de planes, se profundiza en los sectores más humildes que son los usuarios de la atención de los profesionales despedidos”.

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