Ley de la Abogacía entrerriana: “Abre grandes desafíos hacia el futuro”, dijo Canavesio

Judiciales 03 de febrero de 2021
El gobierno provincial publicó este martes en el Boletín Oficial la Ley N.º 10.855 de la Abogacía entrerriana. En ese sentido, el presidente del ahora Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, destacó: “La ley es fruto de una gestión que consolidó la unidad, la pluralidad, el federalismo y la participación” dentro de la institución.
Alejandro Canavesio

La norma había sido sancionada por la Legislatura entrerriana el 25 de noviembre del año pasado. Regula el funcionamiento de la colegiación para la abogacía entrerriana, asegura la integración de las minorías y la paridad de género en todos los órganos de gobierno institucionales.

“El logro de contar con esta nueva normativa ha sido un gran esfuerzo colectivo y a quienes nos tocó liderarlo, debemos agradecer la participación y el compromiso de toda la matrícula. Ser inclusivos es una obligación de época, pero esta ley va más allá porque suma la integración real de género, órganos de gobierno más modernos y una verdadera integración de las minorías”, aseguró Canavesio.

A su vez, las autoridades del CAER señalaron en un comunicado, que en los próximos días convocarán oficialmente a elecciones para conducir la institución en los próximos años, con los parámetros de la nueva legislación vigente.

“Cerraremos una gestión que marcó los nuevos tiempos del Colegio, logramos la Ley de Licencias para abogadas y abogados, esta ley de la Abogacía y lideramos todos los reclamos por los honorarios profesionales y por un real acceso al servicio de justicia durante la pandemia. Hacemos un balance positivo, seguiremos trabajando para consolidar lo logrado hasta el momento y proyectando una mejor institución hacia el futuro”, finalizó Canavesio.

Sobre la Ley

Sancionada el 25 de noviembre por el Senado de la provincia, el proyecto venía con aprobación de la Cámara de Diputados. El nuevo texto, presentado por el entonces Colegio de Abogados al gobernador Gustavo Bordet en agosto de 2018, reemplaza una normativa del año 1956.

Establece un nuevo nombre a la institución, y modificaciones en los órganos de la colegiación, el Consejo Directivo, asambleas, juntas de Delegados, Tribunal de Ética Profesional y las Secciones.

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