Dolores encabezó aquella toma junto al Proyecto Artigas y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois. Al fundamentar la iniciativa, Dolores habló de un “complejo entramado de actividades delictivas” desarrollado por sus hermanos -entre ellos Luis Miguel, exministro de Agroindustria de la Nación de Mauricio Macri- durante décadas “con corrupción, violencia e impunidad: administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero, explotación laboral y violencia económica a partir del despojo de mis derechos hereditarios”.

Además, también difundió un sitio Web en el que detalló cada una de las maniobras que denunció. Uno de los capítulos, está dedicado a Santa Elena y a la adquisición, en 2007, de 370 hectáreas de tierras “a partir de sus contactos políticos y judiciales”.

Casi un año después de aquellos hechos que provocaron la atención nacional, la Unidad Fiscal de La Paz pidió la elevación de la causa a juicio.
En el expediente están imputados Dolores Etchevehere y el abogado Facundo Taboada, quien fue parte del ingreso a la estancia. Según supo Entre Ríos Ahora, la audiencia en la que se discutirá si el expediente es llevado a debate oral y público será el 23 de agosto, a las 8, ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.

La petición fue formulada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa. Los defensores de los acusados son los abogados Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi; mientras que el abogado querellante por parte de la familia Etchevehere es Rubén Pagliotto.

La causa se inició tras la denuncia que presentó Leonor María Magdalena Barbero Marcial –madre de Dolores-, en su calidad de titular de la firma Las Margaritas SA, propietaria del campo.

La llegada de Dolores Etchevehere se produjo el jueves 15 de octubre de 2020 y se mantuvo hasta el jueves 29, cuando una orden de desalojo firmada por la jueza de juicio María Carolina Castagno torció el rumbo de los acontecimientos. Pero la mujer no salió de forma inmediata sino que debió ser retirada por la Policía ante su negativa a abandonar el campo, lo que le generó la apertura de una nueva causa, esta vez por desobediencia judicial.

Cuando se abrió la causa contra Dolores y el letrado, la imputación decía: “En fecha 15 de octubre de 2020, siendo las 11 horas aproximadamente, Dolores Etchevehere y Facundo Taboada ingresaron -junto a un grupo de cuarenta personas aproximadamente-, al Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva -sito en zona rural del departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, con ingreso por Ruta Provincial N° 48-. quienes una vez en el interior del perímetro del casco de dicho establecimiento se dirigieron a la empleada Ramona Rodríguez, exigiendo la entrega de las llaves de las puertas de ingreso de la casa principal, amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos. Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.”.