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El colectivo de profesionales y familias vinculadas a la atención de personas con discapacidad expresó profunda preocupación por la situación generada en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Crespo08 de diciembre de 2025
Estación Plus Crespo
En diálogo con Estación Plus Crespo, la licenciada en psicopedagogía y educación especial Milagros Bernat detalló el complejo escenario administrativo, político y presupuestario que mantiene en suspenso la aplicación de la norma y afecta gravemente la continuidad de servicios esenciales en todo el país.
Bernat recordó que la ley fue aprobada por el Congreso, posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo y nuevamente ratificada por ambas cámaras, que rechazaron el veto presidencial. “Lo que quedaba era que la ley se publicara oficialmente en el Boletín Oficial”, indicó. Sin embargo, el panorama se modificó al conocerse la publicación: “La ley se publica en conjunto con una especie de anexo, que dice que su aplicación se encuentra suspendida y acusa al Poder Legislativo de no haber destinado un presupuesto para su implementación”. Con ese agregado, la norma permanece sin efecto.
La profesional señaló que, paralelamente, el Ejecutivo anunció “pequeños aumentos” vinculados a las prestaciones del área de discapacidad, pero aclaró que “estos aumentos no tienen nada que ver con la Ley de Emergencia, que actualmente está suspendida y es verdaderamente preocupante, porque es casi anticonstitucional”.
Consultada sobre los pasos que sigue el sector, Bernat explicó que las organizaciones continúan movilizadas: “Desde el colectivo de personas con discapacidad se siguen insistiendo con las manifestaciones, se siguen presentando notas a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministerio de Salud, pero por ahora no han tenido respuesta”.
Acerca del argumento oficial sobre la falta de presupuesto, la licenciada sostuvo que la explicación no se condice con la estructura vigente: “La ley prevé un presupuesto. El presupuesto ya existe, forma parte de un fondo de redistribución al cual aportan empresarios y algunos empleadores. Esta partida existe y forma parte de ANDIS. Solo hace falta aplicarla para lo que está destinada”. En ese punto, admitió que hay incertidumbre sobre el destino de esos fondos: “No lo sabemos. Esa plata no sabemos a dónde va”.
Ante la consulta sobre posibles avances antes de fin de año, Bernat consideró que no habrá novedades inmediatas, aunque remarcó que el sector mantiene sus expectativas: “Seguimos en la lucha, seguimos reclamando y esperando que el año que viene haya un nuevo panorama. Con esperanzas”.
La profesional describió a Estación Plus Crespo un escenario crítico para las entidades que trabajan con personas con discapacidad. “Es bastante caótica la situación, porque al no haber partida presupuestaria asignada, muchos hogares, residencias, centros de día y, ni hablar, los profesionales, dependen de los aportes del nomenclador y de ANDIS. Al no tenerlos, es realmente muy difícil sostener la atención”, manifestó.
Como consecuencia, instituciones históricas enfrentan cierres definitivos, mientras que numerosos profesionales migran al sector privado o directamente dejan de atender en discapacidad. “No es por una cuestión personal, sino porque estamos cobrando con cuatro, cinco o seis meses de retraso”, remarcó Bernat.

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