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Cresta Roja paralizada volvió a reflejar la compleja situación que atraviesa el grupo Granja Tres Arroyos. La planta avícola ubicada en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, permaneció prácticamente detenida desde este lunes en medio de reclamos por falta de pago de salarios, incertidumbre sobre la continuidad de la actividad y ausencia de respuestas por parte de la empresa.
La planta es operada por Wade SA, firma perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos, una de las principales compañías avícolas del país. Durante las últimas horas, la producción se redujo al mínimo y apenas seis camiones con pollo pudieron operar, según denunciaron los trabajadores.
El conflicto se profundizó luego de que los empleados aseguraran que los salarios están siendo abonados en cuotas y que aún se les adeuda parte de los haberes correspondientes a meses anteriores. Como medida de protesta, durante la última semana realizaron bloqueos en los ingresos y egresos de los camiones de faena.
Hasta el momento, ni los responsables de la planta ni los delegados sindicales recibieron precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto o cuándo podría retomarse el funcionamiento normal del establecimiento. La falta de definiciones incrementó la preocupación entre los trabajadores y sus familias, que dependen de la actividad de la empresa.
La situación de Cresta Roja se sumó a la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos en otros establecimientos. Días atrás, el grupo resolvió cerrar por tiempo indeterminado la planta La China, en Concepción del Uruguay, una decisión que puso en riesgo alrededor de 950 puestos de trabajo.
En ese caso, la empresa atribuyó la medida a "constantes conflictos gremiales". Sin embargo, los trabajadores sostuvieron que no fueron notificados previamente y denunciaron que la firma les adeuda el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo.
La incertidumbre también alcanzó a la comunidad de El Jagüel, donde Cresta Roja representa una importante fuente de empleo, publicó InfoGremiales. A la crisis económica y laboral se sumó recientemente una clausura preventiva dispuesta por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que sancionó al establecimiento por la emisión de "olores nauseabundos" derivados de la actividad.
Mientras continúan las medidas de fuerza y la producción permanece prácticamente paralizada, la empresa no brindó explicaciones públicas sobre las causas de la nueva interrupción de las tareas ni informó cuándo podría normalizarse el funcionamiento de la planta. El escenario profundizó la incertidumbre tanto entre los trabajadores como en toda la cadena productiva vinculada a la actividad avícola.
