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El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia penal contra las empresas internacionales dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, tras detectar que operan bajo licencias ilegítimas otorgadas por el Reino Unido.
La presentación judicial es coordinada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, junto con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La denuncia apunta de manera directa contra las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. por violar de manera explícita la Ley N° 26.659.
Según el comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la acción penal no sólo alcanza a las corporaciones, sino también a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”.
El texto oficial argumenta que los recursos en disputa forman parte inalienable del patrimonio local: “La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo ratificó su postura de utilizar los mecanismos institucionales vigentes para neutralizar el avance británico en el Atlántico Sur.
“La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina”, sostiene el comunicado firmado por el presidente Milei, advirtiendo además que el Estado “continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos”.
En paralelo a la ofensiva en los tribunales, el mandatario firmó una instrucción presidencial destinada al ministro de Economía, Luis Caputo, orientada al financiamiento de la infraestructura militar y de defensa.
La directiva solicita que, de cara al Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027 que se enviará al Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, “se priorice (…) el desarrollo de la Base Naval Integral y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.
Desde la Casa Rosada, concluyeron que el paquete de medidas no responde a hechos aislados, sino que “forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.
Cadena 3
